La medida ya fue severamente cuestionada por legisladores, por constitucionalistas, por defensores del poder judicial, por opositores al lopezobradorismo y por la opinión pública publicada. ¿Qué se puede añadir al intento canalla para ampliar el periodo del presidente de la Corte desde el Legislativo?

Se ha explicado que la disposición es anticonstitucional, que es una injerencia en otro poder, que es una trampa para que Arturo Zaldívar y los consejeros acompañen a AMLO hasta el final de su sexenio. 

Mi razonamiento es complementario, pues me gustaría reflexionar sobre las razones de fondo para que esto esté mal, de verdad mal. Demos por sentado que es anticonstitucional, no hay dudas al respecto. Pero, ¿escucharon al Presidente decir que si la medida servía, pues adelante? Es el sino de estos tiempos: si es justo, si es bueno, si sirve para algo, no importa si viola la Constitución. Ese razonamiento es claro para muchos mexicanos que no usan bien a bien la lógica: no les suena mal. Ni que la Constitución fuera dios, piensan. Si sirve, qué importa un artículo entelarañado o muchas veces lascivamente manoseado. 

Por eso me interesa desmenuzar la medida desde la óptica del daño que hace fuera de la Carta Magna. 

Primero. El poder es canijo y cuando es mucho es cabrón: ataca y arrasa. El poder funciona mejor para los gobernados cuando está dividido, cuando hay varios canallas en el tablero, cuando unos tienen incentivos para brincar mientras otros los tienen para patear. El chiste de la división de poderes es que no se junten a la vez para lo mismo y que no haya uno que lo tenga todo. 

Ahora, para que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo funcionen como organismos divididos, cada uno tiene distintas reglas y una de las más importantes para garantizar su independencia es la forma en la que se eligen. El Ejecutivo es votado por la gente cada seis años y es una sola persona. El Legislativo tiene un mix entre partidos, territorio y gente, es un órgano colegiado de 500 personas y se renueva cada tres años. El Judicial es un órgano colegiado cuyos integrantes son propuestos por el Presidente y votados por los partidos, pero cuyo presidente es elegido entre pares. Ellos mismos deciden quién va, cada cuatro años. 

Esto tiene una razón de ser: estos poderes no deben tener la subordinación que otorga un nombramiento discrecional. El Presidente no tiene sujeta la silla a la Corte, ni ésta al vaivén de los partidos. Es verdad que, de facto, las interrelaciones y el enorme poder presidencial hacen que haya lazos de subordinación, pero el entramado legal es un halo protector para quien sí tenga dignidad. 

La idea es que el Poder Judicial puede modificar o sancionar una acción del Ejecutivo o al revés, darle su visto bueno ante la inconformidad de algunos gritones, con la seguridad de que  esa sanción o ese visto bueno serán aceptados porque lo dice un tercero que no tiene vela en el entierro. 

Ojo. Que no tiene vela en el entierro. Que no depende de una de las partes. Que no tiene intereses similares. Que es un tercero en discordia. Que es un árbitro lo más independiente posible, que se ajusta a sus propios tiempos, sus propias reglas y sus propias autoridades. 

Por eso es tan grave el intento canalla. Porque los ministros decidieron hace dos años que Zaldívar debía ser el presidente hasta 2022. Lo votaron, se grillaron y así salió. Lo que se pretende ahora es que en 2022 se queden mirando porque alguien más, desde otro poder, decide quién manda, no en los votos, pero sí en los recursos, los nombramientos, los papelitos y la tubería del Poder Judicial.  

Esto no se trata de Zaldívar. O sí, pero marginalmente. Esto se trata de cuidar la independencia y la legitimidad del tercero en discordia, de ese que sanciona, detiene o da el visto bueno sobre las acciones del Ejecutivo. 

Supongo que Zaldívar lo entiende.

Ivabelle Arroyo

Politóloga

La Sopa

Ivabelle Arroyo Ulloa es politóloga y analista, con 24 años de trayectoria periodística. Es jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter en México. Dirige una revista digital sobre política capitalina y escribe para medios jaliscienses.

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