La fracasada consulta ciudadana llevada a cabo el pasado domingo primero de agosto constituye una clara manifestación de la naturaleza populista y autoritaria de la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Definido en términos generales, el populismo es un modelo de comunicación y acción política sustentado en la construcción y preservación de una relación de dependencia entre un líder carismático y un conjunto de sectores “populares” agraviados o, para ser más precisos, un conjunto de sectores sociales que se consideran a sí mismos, en la enorme mayoría de los casos con razones objetivas para ello, como excluidos o marginados de los beneficios generados por un determinado modelo histórico de organización estatal. Es importante tener claro que por “organización estatal” no debemos entender solamente una forma particular de organización política sino también, y de manera sumamente importante, una forma particular de organización económica. En este sentido, cada forma histórica del Estado moderno se caracteriza por un patrón específico de integración orgánica entre estructuras políticas y estructuras económicas cuyo equilibrio y preservación depende del adecuado funcionamiento de una compleja red de discursos ideológicos y prácticas estratégicas. Lo anterior implica que esta integración orgánica es potencialmente contradictoria por lo que debe ser continuamente regulada a fin de evitar su deterioro y eventual colapso. La crisis orgánica de un determinado modelo histórico de organización estatal irrumpe cuando las contradicciones estructurales entre los imperativos planteados por el proceso de legitimación política y los imperativos planteados por el proceso de reproducción económica alcanzan un punto “crítico” que rebasa las capacidades de regulación del aparato gubernamental del Estado.

Dentro de esta línea de argumentación, el aplastante triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y su partido político puede interpretarse como la particular expresión histórica adoptada por la crisis orgánica de una forma específica de organización estatal en México. Esta crisis orgánica surgió a partir de la existencia de una relación estructural, crecientemente contradictoria, entre un modelo económico excluyente y un modelo de legitimidad política basado en una narrativa de inclusión dirigida no sólo a las clases medias sino también a los segmentos o sectores “populares”. Esta tensión entre la realidad económica y las expectativas de bienestar material y movilidad social de amplios sectores de la población mexicana alcanzó niveles explosivos en el marco histórico del proceso de alternancia democrática que, a nivel del poder ejecutivo federal, dio inicio a partir del año 2000 con la conquista del poder presidencial por parte del Partido Acción Nacional (PAN), un partido político de centro-derecha que, si bien se distanció del PRI en términos ideológicos y discursivos, mantuvo inalteradas las estructuras económicas y políticas del Estado. En virtud de lo anterior, es decir, en términos de la particular configuración estructural que adoptó la crisis orgánica del Estado en México, el triunfo electoral de la izquierda puede ser considerado como un resultado lógico, e incluso inevitable, de la transición democrática. El principal problema, al menos desde mi punto de vista, no emana del triunfo electoral de la izquierda y ni siquiera del hecho de que la izquierda triunfante haya logrado acceder al poder mediante la utilización de narrativas e imaginarios políticos populistas. La enorme mayoría de los partidos políticos de izquierda que han conquistado el control del aparato gubernamental del Estado a través de procesos electorales tanto en la Europa mediterránea como en América Latina se han apoyado en discursos de carácter populista encaminados a conquistar el apoyo de las grandes mayorías. El principal problema radica en el hecho de que la izquierda que accedió al poder en 2018 no es una izquierda liberal armada de un discurso populista de carácter democrático, sino más bien una izquierda autoritaria y clientelista armada de un discurso populista claramente demagógico.

Es por lo tanto fundamental distinguir entre el populismo “democrático” y el populismo “autoritario”. Si bien en ambos casos el líder carismático establece una comunicación directa e interdependiente con las masas populares, en el caso del populismo democrático las prácticas o acciones estratégicas del modelo de gobernanza que surge del triunfo electoral no sólo se ciñen al marco constitucional que define el orden legal e institucional del Estado, sino que se instrumentan e implementan a través de políticas públicas cuidadosamente diseñadas a partir de diagnósticos certeros, basados en evidencia empírica y en teorías científicas, de las problemáticas concretas que enfrenta la sociedad civil. El populismo autoritario, por el contrario, tiende por su propia naturaleza a subvertir el orden constitucional imperante, especialmente cuando los arreglos institucionales derivados de éste limitan el poder efectivo del líder o “caudillo”, y a funcionar de manera “ideológica”, es decir, mediante acciones estratégicas que subordinan el análisis objetivo de la realidad a los grandes dogmas que confieren legitimidad al Estado. El fracaso de muchos regímenes populistas de perfiles autoritarios y totalitarios ha sido en gran medida producto de la incapacidad de sus líderes para diferenciar entre los fundamentos ideológicos que confieren identidad y rumbo al Estado y las particularidades de la realidad histórica que éste enfrenta. El colapso de la Alemania Nazi y la Rusia Soviética constituyen dos claros ejemplos de regímenes políticos que infructuosamente pretendieron ajustar la realidad a los imperativos planteados por marcos ideológicos dogmáticos. Esta característica propia del populismo autoritario le confiere un carácter abierta y claramente demagógico. En el marco del populismo autoritario es fundamental preservar la narrativa ideológica del régimen, aun en aquellas circunstancias históricas en las cuales la evidencia empírica y el análisis académico claramente revelan su incompatibilidad con la realidad.

Desde mi punto de vista, la consulta ciudadana del pasado primero de agosto confirma la naturaleza populista y autoritaria del modelo de gobernanza puesto en marcha por la administración presidencial de López Obrador en virtud de cuatro consideraciones fundamentales. En primer lugar, la decisión de llevarla a cabo por parte del poder ejecutivo federal atenta contra los fundamentos del Estado de derecho toda vez que éste se basa en el imperio de la ley, es decir, en la idea de que ninguna voluntad individual o colectiva puede situarse por encima de sus estipulaciones y mandatos y, en virtud de ello, es absurdo consultarle al pueblo su aplicación en un caso concreto. Si algún actor político, con independencia de su jerarquía, incurrió en actos contrarios a los fundamentos de legalidad del Estado Mexicano éste debe ser investigado y, en su caso, sujeto a proceso con arreglo a las leyes vigentes sin necesidad de llevar a cabo consulta popular alguna. Es válido consultar al pueblo sobre la pertinencia o necesidad de modificar la ley, pero no es válido consultarlo sobre la pertinencia o necesidad de aplicarla por parte del poder público. En segundo lugar, este acto político atenta contra los principios de separación de poderes y autonomía institucional que han hecho posible el desarrollo de la democracia en México ya que su realización no solamente implicó forzar una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de ahí la confusa redacción de la pregunta objeto de la consulta), sino que también implicó forzar al Instituto Nacional Electoral a la realización de una tarea absurda, costosa y para la cual esta institución no fue diseñada. El INE se creó para conferirle legalidad y certeza a los procesos electorales propios de una democracia representativa y no para organizar consultas caprichosas e innecesarias. En tercer lugar, este acto político fue claramente demagógico ya que los supuestos delitos en que incurrieron los presidentes “neoliberales” son sumamente difíciles de probar judicialmente y, en este sentido, están muy lejos de ofrecer sustento para el ejercicio de la acción penal por parte del Estado Mexicano. Esta realidad pone de manifiesto que la verdadera estrategia detrás de la consulta no fue la de juzgar a los expresidentes a fin de combatir la impunidad y restaurar la deteriorada credibilidad del sistema judicial (si este fuera el caso las declaraciones de Lozoya Austin serían más que suficientes para ejercer acción penal contra Peña Nieto y Videgaray y esto es algo que “sospechosamente” no ha ocurrido), sino la de fortalecer un discurso de legitimidad centrado en una narrativa de ruptura radical con el pasado y en el simplista y maniqueo argumento, imposible de sostener en términos académicos, de que entre 1988 y 2018 el país fue gobernado por una suerte de mafia conservadora subordinada a oscuros intereses extranjeros y dedicada fundamentalmente al expolio del patrimonio nacional. Finalmente, la narrativa presidencial construida con la finalidad de justificar el fiasco absoluto que representó la consulta no es solamente patética sino enormemente irresponsable en términos institucionales ya que sugiere que la bajísima afluencia ciudadana a las urnas se debió a una suerte de conspiración llevada a cabo por un INE dominado por los partidos políticos de oposición. El hecho real es que la participación ciudadana fue inferior al 8% del padrón electoral y esto, en cualquier lugar del mundo, constituye un fracaso estrepitoso para el gobierno que la promovió.

En síntesis y más allá de la narrativa oficial, la consulta popular del pasado primero de agosto debe quedar registrada en la memoria colectiva no como un acto democrático sino como un acto demagógico emanado de un gobierno populista y autoritario. En este sentido es sumamente positivo el que semejante iniciativa haya fracasado ya que esto pone de manifiesto el rechazo que en la mayoría de los ciudadanos provocó este burdo intento de manipulación. El concepto mismo de consulta ciudadana fue profundamente distorsionado en su razón de ser ya que, en los sistemas verdaderamente democráticos, ésta constituye un mecanismo destinado a conocer la opinión dominante que sobre un determinado aspecto estratégico en materia de gobernanza y gestión pública existe en el ámbito de la sociedad civil o, para utilizar el concepto desarrollado por Habermas, en el ámbito del “espacio público”. Obtener aprobación popular para investigar y en su caso enjuiciar a expresidentes es algo que ciertamente no cabe dentro de la lógica que, en términos tanto de teoría política como de derecho constitucional, debe regir el diseño y aplicación de este tipo de instrumentos. La verdadera intención detrás de la consulta no fue conocer la opinión de los ciudadanos en torno a un asunto de auténtico interés nacional, sino reforzar la erosionada legitimidad de un gobierno claramente incompetente poniendo de manifiesto el gran poder de convocatoria popular propio de su caudillo supremo.

De cualquier manera y no obstante el afortunado fracaso de semejante ardid, es de la mayor importancia reflexionar a profundidad sobre esta experiencia a fin de tener claro lo que verdaderamente está ocurriendo en México. Más que encontrarse inmerso en una transición democrática de carácter formal, nuestro país se encuentra inmerso en un complejo proceso de cambio estructural que, como todo proceso de semejante envergadura, puede dar origen a formas de organización política y económica que ciertamente pueden resultar mucho más negativas que aquellas que, en un primer momento, provocaron el surgimiento de la crisis y pusieron de manifiesto la necesidad de emprender un proceso de transformación. No debemos olvidar que el colapso de la República de Weimar en Alemania dio origen al régimen Nacional-Socialista de Hitler y, en nuestro vecindario, el colapso de la corrupta y disfuncional democracia venezolana dio origen a la dictadura de Chávez y Maduro.