¿Quién en este país no está a favor de que se combata la evasión fiscal? Es decir, que las autoridades encuentren la manera de evitar que los causantes utilicen procedimientos para eludir el pago de los impuestos a los que están obligados. Creo que nadie y en ese supuesto parecen estar ubicados con toda claridad los organismos: Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) e Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Pero si existe esa coincidencia, cabe también considerar las razones por las cuales la reacción por parte de esas organizaciones ha sido tan radical a la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la reformas mediante las cuales han quedado penalizadas las prácticas de las empresas que se dedican a la emisión de facturas falsas. 

Estando completamente de acuerdo con la intención de ponerle un alto a esa práctica para evadir impuestos, desde esta tribuna nos cuestionamos si la mejor manera de hacerlo es la que se ha adoptado en el Legislativo. En esta materia, éste ha logrado vencer, pero al parecer no convencer. O, al menos, no de manera suficiente y en ello reside una buena parte del problema. Porque si ese convencimiento hubiera sido más cabal, las protestas del CCE, la Coparmex y el IMEF posiblemente no serían tan tajantes y enfáticas. Y, además, esas protestas también han venido acompañadas con amenazas de acción capaces de tener efectos bastante dañinos. En particular, no cabe desdeñar el argumento de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex de que la reforma aprobada podría “ser cuestionada por su inconstitucionalidad” o provocar una catarata de amparos una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Los otros elementos a considerar, apenas tratados en los reportajes de prensa sobre el tema, tienen que ver con la oportunidad para lanzar la reforma de marras y los efectos colaterales perjudiciales que la misma pueda traer. Con respecto a este último punto, indudablemente las formas que se han dado a la reforma “podrían tener un impacto en las inversiones que realizan los empresarios en el país y que difícilmente se incrementen los ingresos que recibe el gobierno”. Y el otro factor se refiere al efecto negativo que puede causarse sobre la confianza de los agentes económicos en el país, ya muy agredida por la incertidumbre política, como lo hizo ver ayer en Washington el FMI. 

Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico