Los candidatos tienen problemas con la aritmética. Todos proponen y prometen más gasto público en una diversa gama de subsidios: gasolinas, ingreso básico universal, adultos mayores, pobreza, madres, estudiantes, precios de garantía. Y también, elevar la inversión en educación, salud, infraestructura y seguridad. Lo anterior, sin más deuda o impuestos, reduciendo la carga fiscal en la frontera norte y en un contexto en el que el costo de las pensiones llegará a ser insostenible en el mediano plazo (sin una reforma profunda del sistema). Además, sin contar el aumento en las tasas de interés y del tipo de cambio que hará más oneroso el servicio de la deuda.

El discurso electoral anula cualquier racionalidad contable; no sólo descartan nuevos impuestos, sino que ignoran la necesidad de ampliar la base tributaria (por ejemplo, combatiendo la informalidad), cuando México es uno de los países de la OCDE y de América Latina que menos recauda como proporción del PIB (apenas 13 por ciento). Con eso es imposible ofrecer la cantidad y calidad de bienes públicos que requiere la sociedad, aunque mágicamente desaparezca la corrupción y nos coloquemos ipso facto en un plano de civilidad y moralidad pública similar al de Dinamarca. Países desarrollados y muchos de América Latina recaudan entre 20 y 50% del PIB. Es muy difícil creer en un mundo donde la aritmética no rige. O en otro donde los ciudadanos tienen como denominador común una total inopia numérica. Hay pocos desenlaces posibles: a) tratar de cumplir promesas y provocar una nueva crisis económica, y b) desmentirlas y frustrar a electores y bases clientelares, generando inestabilidad política y conflicto social.

Más aún, vimos en el Tercer Debate cómo en los temas de sustentabilidad afloran contradicciones tajantes, no sólo de aritmética sino de concepto. Destaca en ellos la promesa de reducir o mantener constantes los precios de las gasolinas, lo cual puede significar un gasto colosal, particularmente ante un aumento en los precios del petróleo y del tipo de cambio. Recordemos hace algunos años cuando el subsidio a las gasolinas llegó a representar hasta 2 puntos porcentuales del PIB, equiparándose a todo el gasto en educación pública.

En el concepto, las contradicciones son todavía más evidentes. México tiene compromisos muy claros en materia de cambio climático frente al Acuerdo de París. Estamos obligados a reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre un 30% y 40% por debajo del escenario tendencial hacia el 2030, lo que significa iniciar un proceso de reducción absoluta en el consumo de combustibles fósiles hacia el 2026. Ahora, tomemos en cuenta que en términos del Inventario de Emisiones de nuestro país, el sector transporte o los vehículos automotores son la fuente principal de GEI con alrededor de una cuarta parte del total, proporción que crece anualmente por el incremento en el consumo de gasolinas. A partir de ese año, tendría que registrarse una tendencia de abatimiento absoluto en el consumo de combustibles automotrices; algo imposible de lograr con subsidios y precios bajos. Subsidios y precios bajos, por otro lado, inhibirán la penetración de vehículos eléctricos en México, que ya se atisban como herederos casi universales del motor de combustión interna.

En suma, la promesa de reducir o mantener artificialmente bajos los precios de las gasolinas se contradice con las obligaciones internacionales de México en materia de lucha contra el calentamiento global y emisiones de GEI.

No salen las cuentas. Cierta honestidad política habría de reconocer estas contradicciones y asumir la imposibilidad fiscal, ambiental y climática de las promesas, o bien, la decisión de abiertamente desfondar las finanzas públicas, de arrojarnos a una nueva crisis económica y de repudiar los compromisos internacionales de México en cambio climático.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.