El árbitro electoral

El Instituto Federal Electoral (IFE) aceptó y le dio turno oficial a la queja que presentó el Partido Socialdemócrata (PSD), para que se investigue el financiamiento del Movimiento Nacional por la Esperanza que encabeza el experredista René Bejarano.

Nuestro árbitro electoral emplazó a comparecer a cerca de 20 funcionarios públicos, quienes tendrán que explicar cuál es la relación que tienen con ese movimiento. Con base en sus declaraciones y en otras pruebas de carácter testimonial, el IFE determinará si estos funcionarios públicos coaccionan y promueven el voto en favor de algún partido político o de alguna persona en lo particular.

Destaca que en los próximos cinco días funcionarios de primer nivel del Gobierno del Distrito Federal, que encabeza Marcelo Ebrard, tendrán que responder a la autoridad electoral si acudieron al acto político realizado el 30 de noviembre en el Monumento a la Revolución y si han aportado apoyo logístico o financiero al movimiento de René Bejarano.

La secretaria de Desarrolo Económico, Laura Velázquez; la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, María Rosa Márquez; el director general del Registro Civil, Hegel Cortés y Adolfo López Villanueva, director general de Equidad para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Étnicas deberán comparecer ante el IFE, para probar que no han estado presentes en actos que tienen un cariz eminentemente electoral y que, por reglamentación de la propia autoridad electoral, tienen prohibido acudir a ellos.

El IFE también pedirá cuentas a los jefes delegacionales de Cuauhtémoc, José Luis Muñoz Soria; de Azcapotzalco, Alejandro Carvajal; de Tlalpan, Guillermo Sánchez, y de Álvaro Obregón, Leonel Luna.

El documento, publicado en los estrados del IFE, señala también a los diputados federales, Aleida Álvarez,

Alejandro Sánchez Camacho, Marisela Contreras y Adrián Pedroza, y a los asambleístas del DF Humberto Morgan, Enrique Vargas, Juan Bustos y Arturo Santana.

Resulta muy importante señalar que la aceptación y procesamiento por parte del IFE de esta queja presentada por el PDS es un precedente importantísimo para el buen desarrollo del proceso electoral que empezó, al menos formalmente, en octubre del año pasado.

La nueva legislación electoral es muy clara al establecer los tiempos para cada una de las etapas de la contienda que culminará en julio del 2009: habrá un periodo de precampaña que va del 31 de enero al 11 de marzo; otro periodo de silencio en el que los partidos políticos no habremos de realizar actos de proselitismo ni mediático ni territorial, que va del 12 de marzo al 30 de abril y, finalmente, un periodo de campaña contemplado del 1 de mayo al 30 de junio.

Las reglas, los espacios y los tiempos para hacer campaña política ahí están y son los que una amplia mayoría aprobó para regir la contienda electoral que se avecina. Puede que los ordenamientos electorales no sean lo que muchos de nosotros esperábamos, pero ese es otro debate que habremos de dar después del 5 de julio.

Los partidos políticos y las personas que auspiciarán y tratarán de volver exlplícitas sus causas y propuestas por medio de una candidatura, deben ajustarse y ceñirse a las disposiciones reglamentarias que el IFE ha hecho valer por mandato del Congreso de la Union.

Nuestro árbitro electoral deberá ser implacable en la aplicación de sanciones y correctivos a los partidos y a los ciudadanos que violen los principios ya reglamentados de equidad, transparencia y civilidad democrática.

Por el bien de todos, deberemos estar pendientes de que ello ocurra.

jorgecarlos.diazcuervo@psd.org.mx