El Poder Judicial, tanto el de la Federación como el de los estados, es virtualmente desconocido por la mayoría de los mexicanos. Ministros, magistrados y jueces realizan sus tareas sin que nadie, salvo los que tengan algún asunto qué tratar en sus cortes, tribunales y juzgados, sepan quiénes son.

Con excepción de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas respectivas sesiones plenarias se transmiten regularmente a través del canal del Poder Judicial de la Federación, quienes conforman los poderes judiciales de la Federación y los 32 estados, realizan su labor casi a escondidas y muy pocos se enteran de sus sentencias.

El público desconoce qué méritos poseen sus juzgadores para ocupar sus cargos, qué tan estrictos son al juzgar, qué tanto respetan los derechos de las partes involucradas en un juicio, qué tan conservadores o liberales son al interpretar las leyes, o si tienen fama de ser honrados o corruptos.

Este desconocimiento se debe, en gran medida, a que los medios de comunicación raramente identifican a los juzgadores cuando informan sobre algún asunto legal relevante.

Por ejemplo, en lo que a la construcción del aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía se refiere, los medios de comunicación se han limitado a señalar cuáles tribunales o juzgados han concedido suspensiones temporales o definitivas en favor de diversos grupos que se oponen a dicha construcción, pero rara vez difunden los nombres de los juzgadores que deben decidir sobre un asunto política y económicamente tan importante.

Hace unos días estalló un pequeño escándalo cuando se dio a conocer que el juez que recientemente ordenó el encarcelamiento de la extitular de la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles, es sobrino de la senadora morenista Dolores Padierna. De no haber existido dicha relación familiar, dudo que hubiera trascendido el nombre de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, abogado desde hace 16 años y juez de distrito en la Ciudad de México a partir de mayo del 2016.

Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, al participar en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que solicitará que sea investigado el juez que por falta de pruebas dejó libre a Gildardo el Gil López, supuesto líder de la banda Guerreros Unidos, quien había sido acusado de orquestar la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014.

Encinas señaló que el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, que ocupa ese cargo desde abril del 2017, desestimó 44 pruebas y sólo analizó 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación. Además, pese a la evidencia que prueba lo contrario, decidió que el Gil confesó bajo tortura.

El anonimato ha protegido durante años a los impartidores de justicia y ha permitido que los corruptos actúen sin temor a pagar las consecuencias de sus actos. Lo peor es que en casi todos los casos, los jueces deshonestos han sido protegidos por el mismo Poder Judicial.

El Poder Judicial también debe ser sujeto a una profunda reforma y depuración.

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Eduardo Ruiz-Healy

Periodista y productor

Columna invitada

Opinador, columnista, conferencista, media trainer, 35 años de experiencia en medios de comunicación, microempresario.