División de poderes: la defensa de la libertad

El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Lord Acton

Es necesario, por la propia naturaleza de las cosas, que el poder sea un control del poder”.

Montesquieu

Charles Louis de Secondat, mejor conocido como Montesquieu, publicó en 1748 una de las obras más importantes del pensamiento universal: el Espíritu de las Leyes. En esta obra, influido por el padre del liberalismo John Locke, establece la división de poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como un elemento esencial de la libertad.

Para Montesquieu la separación de poderes cumple tres roles. Primero, especializar a diversos órganos del poder en el cumplimiento de sus funciones y, por tanto, hacer más efectiva la labor del gobierno. Segundo, evitar la concentración y la acumulación de poderes en un mismo cuerpo, sobre todo si dicha acumulación pueda dar lugar a arbitrariedades, por ejemplo si el poder Ejecutivo tuviese la capacidad de juzgar y condenar ciudadanos. La tercera, una función de control mutuo: los poderes se dividen no sólo para evitar la acumulación de poder, sino también para que entre ellos ejerzan un control mutuo de sus actuaciones, sujeto siempre a las normas constitucionales.

Así, él escribió: “todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; va hasta qué encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por disposición de las cosas, el poder detenga el poder”. Y añadió: “De nuevo no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unida a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, debido a que el juez sería legislador. Si se uniese a la potestad ejecutiva, el juez podrá tener la fuerza del opresor”.

Por su parte James Madison, conocido como uno de los “padres fundadores” de Estados Unidos de América por su papel en la redacción de la Constitución y autor de las primeras diez enmiendas a esta, conocidas como la “Carta de los Derechos” (Bill of Rights), escribió en el número 47 de El Federalista: “La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean estas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, auto nombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía”.

Finalmente, Louis D. Brandeis, juez de la Suprema Corte de Estados Unidos escribió en 1926: “La doctrina de la separación de poderes fue adoptada por la Convención de 1778, no para promover la eficiencia, sino para impedir el ejercicio del poder arbitrario. El propósito no era evitar la fricción, sino por medio de la inevitable fricción incidente a la distribución de los poderes gubernamentales entre tres departamentos, salvar al pueblo de la autocracia”.

Sirvan las anteriores citas sobre la crucial importancia de la división de poderes para señalar el enorme peligro que representa para la libertad de los mexicanos, todos, la intención del presidente López, habiendo ya capturado al Poder Legislativo con diputados y senadores que actúan como borregos y que no le cambian ni una coma a sus iniciativas, de ahora destruir el Poder Judicial de la Federación, para de ahí transitar hacia su posterior captura a través de su propuesta de que ministros, magistrados y jueces sean electos mediante el voto popular para que sus decisiones materializadas en actos y leyes no puedan ser impugnadas a pesar de ser contrarias a los derechos y libertades individuales y, por lo mismo, inconstitucionales.

Es claro que al presidente, con el espíritu de autócrata que lo caracteriza, le molestan los contrapesos y la rendición de cuentas. A lo largo de sus poco más de cinco años de gobierno los ejemplos abundan: los continuos ataques a los órganos autónomos del Estado (INE, IFETEL, INAI, Cofece) evitando que funcionen plenamente y/o ahorcándolos presupuestalmente (con la complicidad de senadores y diputados), el debilitamiento y/o captura de los órganos reguladores (comisiones de Hidrocarburos, Energía, Bancaria y de Valores, Ahorro para el Retiro, etcétera), los continuos ataques a la prensa que no le aplaude, su marcado favoritismo hacia las fuerzas armadas a las que les ha asignado tareas ajenas a sus funciones constitucionales dándoles además un enorme poder y presupuesto, su ataque a jueces que conceden amparos en contra de actos y leyes que violan los derechos individuales consagrados en la Constitución y su continuo ataque a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber declarado, en varias ocasiones, la inconstitucionalidad de leyes. En venganza, con un enorme daño a las capacidades operativas y al personal que labora en el Poder Judicial de la Federación, con un impacto dañino para los ciudadanos, además de quitarle presupuesto, va ahora por 15,000 millones de pesos que existen en 14 fideicomisos.

Una de las funciones del poder judicial, si no es que la más importante, además de garantizar los derechos y libertades individuales, es proteger los derechos privados de propiedad en contra de actos de terceros que los violenten, incluidos actos de gobierno. Y que quede muy claro, si el presidente captura a la Corte y al Poder Judicial de la Federación en conjunto, no habrá quien defienda nuestra libertad y nuestro patrimonio frente a la tiranía disfrazada de democracia que la cuatroté, López y Sheinbaum, quisieran imponer.

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