Zygmunt Bauman fue sin duda un hombre adelantado a su tiempo. En la concepción de este sociólogo polaco, la comunidad vive en un constante fluir que obliga al entorno a adaptarse a las necesidades y circunstancias que se avistan en lo que el llamara la modernidad líquida.

En esa modernidad, es donde cabe la adecuación de diversos instrumentos que, a dicho del propio pensador, hacen de la actividad económica y sus transacciones, un sistema con cuya agilidad y certeza se contribuye a la creación de una sociedad feliz y satisfecha. Sin embargo, parecería que en lo que hace a nuestro propio sistema financiero, columna primaria de la actividad económica entre empresas y personas, existe una suerte de desinterés para optar por instrumentos adecuados a una modernidad que tiende a rebasarnos.

Me refiero en concreto a la inservible demora que se ha tenido en la aprobación de una iniciativa que pondría en la mesa un real aliciente para apuntalar la cultura de la digitalización, procuraría agilidad y rigor en el control del manejo de información y de paso fomentaría la disminución sustancial de papel impreso, con el consecuente cuidado al medio ambiente.

Esta reforma es la concerniente al reconocimiento del valor legal del pagaré electrónico, y se refleja en diversas modificaciones principalmente a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Hay que mencionar que el dictamen que contiene dicha reforma, ya fue aprobado en el Senado el pasado mes de abril, sin embargo, durmió el sueño de los justos en la subsecuente discusión y en su caso aprobación que corresponde a la Cámara de Diputados.

Es reconocible cómo ha avanzado a pasos agigantados el comercio electrónico en la reciente década; situación que se acentúa considerablemente con la pandemia de Covid-19 al acelerar la adopción de la tecnología y la digitalización como una constante en la vida cotidiana. La digitalización y el consecuente valor jurídico a otorgar a los títulos de crédito, vendrían a facilitar múltiples operaciones no tan solo por la agilidad que implicaría su utilización, sino que además procuraría una reducción sustancial de costos cuyos ahorros se trasladarían a los consumidores.

La utilización de plataformas digitales que reconocen esta habitualidad es ya una realidad en la India, Estados Unidos, Qatar, China, Reino Unido, Japón, Suiza y Noruega entre muchos otros países. El esquema de agilidad que deriva de su utilización, ha incluso impactado favorablemente la disminución de litigiosidad al otorgar mayores vías de reconocimiento legal a la identidad y titularidad de quienes participan en la relación contractual.

El asunto no es menor cuando en la perspectiva existe una clara necesidad por lograr mayores accesos a la tecnología digital. Las transacciones comerciales y su legal documentación deben estar a la par del reto. La pregunta es si estamos resueltos a lograrlo.