Digámoslo, es una dictadura

En Venezuela han dejado de existir las condiciones de una democracia.

Hace unos meses, en el programa En la Mira que conduce Gabriel Pereyra, tuve la oportunidad de preguntarle a Carolina Cosse (que acababa de ser proclamada precandidata a la presidencia por el Frente Amplio en Uruguay) si, en su opinión, Venezuela y Cuba eran regímenes autoritarios. La respuesta llegó de inmediato y me sorprendió. Dijo que ninguno de los dos países son dictaduras. La afirmación generó revuelo. La pregunta inicial hizo carrera. Al ser consultada en otras oportunidades sobre el mismo asunto matizó su respuesta inicial. Afirmó que había tenido que ser cautelosa por formar parte del gobierno.

Cosse no es la única precandidata frenteamplista que no logra pronunciar la palabra dictadura cuando se refiere a Venezuela. Hace dos semanas tuve la oportunidad de participar en la presentación del libro de Antonio Ladra sobre Daniel Martínez, el favorito en la carrera por la nominación presidencial por el partido de gobierno. Durante el extenso reportaje que constituye una de las fuentes de esta obra, Ladra le preguntó textualmente a Martínez: “¿Se anima a calificar a Venezuela de dictadura?” La respuesta de Martínez también me sorprendió, dada su larga y arriesgada militancia clandestina (en el Partido Socialista, la FEUU y el sindicato de ANCAP) durante la dictadura uruguaya. Dijo: “Yo estoy muy preocupado por la situación de Venezuela. Creo que se han tomado medidas negativas que incumplen los estándares de una verdadera democracia, pero hay otros países que me preocupan más”.

Por supuesto, todo depende de cómo definamos democracia. Durante la segunda mitad del siglo pasado, en buena medida gracias al aporte de Joseph Schumpeter, primero, y de Robert Dahl, después, ha predominado ampliamente en la ciencia política contemporánea un criterio muy sencillo, fácil de operacionalizar y de contrastar empíricamente. Definimos un régimen como democrático cuando se verifican simultáneamente dos condiciones. La primera refiere a la posibilidad de participar en las decisiones políticas: la mayoría de la población tiene que poder votar en las elecciones. La segunda refiere a la posibilidad de oponerse al gobierno: no deben existir restricciones a las libertades básicas, civiles y política, de opinión, de expresión, de asociación y de buscar cargos electivos pugnando por el apoyo popular.

Gracias a estos criterios, desde hace algunos años, disponemos de información fiable que nos permite clasificar y comparar. De acuerdo con The Economist Intelligence Unit, solamente Uruguay y Costa Rica califican en nuestra región como democracias plenas. Mientras tanto, en el polo opuesto, aparecen Nicaragua, Venezuela y Cuba. Para este informe no hay lugar a dudas: los tres son regímenes autoritarios.

No alcanza con conceder el derecho a la participación. Para que haya democracia la oposición tiene que actuar libremente. Es por eso que no podemos hablar de democracia en el país venezolano. No podemos hablar de democracia si hay partidos proscriptos. No podemos hablar de democracia si hay candidatos presos o inhabilitados. No podemos hablar de democracia si, cuando el partido de gobierno pierde la elección, no reconoce los resultados. En Venezuela durante la última década ha venido disminuyendo el valor de la variable “elecciones libres y justas”.

Digámoslo, es una dictadura.