Las fobias de la 4T han apuntado desde el principio hacia el sector privado, a la que llaman la mafia del poder de los empresarios. Las demostraciones de desagrado sobran. Y van desde el incumplimiento de contratos firmados, la cancelación de inversiones en marcha, hasta forzar a las mujeres y hombres de negocios más representativos del país a comprar millones de boletos del sorteo que usó la imagen del avión presidencial, a cambio de unos tamales de chipilín.

Por eso, no hay sorpresa en el nuevo capítulo de demostración de la fuerza del gobierno federal y de esa animadversión hacia las empresas privadas, que ahora se dirigió al sector de productos alimenticios de derivados lácteos.

Claro que todos los productos industriales deben cumplir al pie de la letra con las Normas Oficiales Mexicanas, pero suspender la venta de 23 quesos y dos yogures porque estaban mal etiquetados es un desplante de la Secretaría de Economía, a través de su dependencia, la Procuraduría Federal del Consumidor, para mostrar que lo hacen, porque pueden.

Ese rigor aplicado a 19 marcas de derivados lácteos se puede extender a cualquier rama de la industria de los alimentos y podrán encontrar algo, lo que sea, para dar el manotazo en la mesa.

La pregunta es si la industria formal, regulada, es el mejor lugar para empezar a hacer lo correcto en la regulación de los productos más sensibles del consumo de los mexicanos.

Si la preocupación realmente fuera la salud y la calidad de lo que se consume en este país, no hay duda que tendrían que empezar por los canales informales de producción y distribución.

Para no ir tan lejos. Ahora que está vigente el escándalo del robo de medicamentos oncológicos pediátricos, diferentes medios documentaron como, a plena luz del día, se distribuyen en la vía pública medicamentos robados y falsificados. Es la hora en que no hay una autoridad decomisando esas sustancias peligrosas.

¿Quiere la autoridad dar un verdadero golpe de autoridad y cuidar la seguridad de lo que comen los mexicanos?

Deberían atender un grave problema de salud pública que no se ha resuelto en muchos años. El uso de clembuterol en la carne que se distribuye por canales informales es un grave problema en México.

Se siguen documentando casos de personas intoxicadas con este anabólico que está prohibido por los graves daños que produce a la salud humana. Sin embargo, en el enorme mercado informal de la carne, que no pasa por la certificación Tipo Inspección Federal (TIF), se sigue utilizando para lograr una rápida engorda de sus cabezas.

La cantidad de productos alimenticios caducos, falsificados, robados y no aptos para el consumo humano que se distribuyen en los canales informales deberían provocar una movilización tan grande o más, como la que montaron para quitar los quesos mal etiquetados de los refrigeradores y acabar con la reputación de las marcas.

Pero, los medicamentos piratas, la carne contaminada con clembuterol, los alimentos distribuidos sin higiene en las calles, son productos cercanos a la base social que sostiene a la 4T. Lo que les da un escudo protector, sin duda.

ecampos@eleconomista.com.mx

Enrique Campos Suárez

Conductor de Noticieros Televisa

La Gran Depresión

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Periodismo por la Universidad Anáhuac.

Su trayectoria profesional ha estado dedicada a diferentes medios. Actualmente es columnista del diario El Economista y conductor de noticieros en Televisa. Es titular del espacio noticioso de las 14 horas en Foro TV.

Es un especialista en temas económico-financieros con más de 25 años de experiencia como comentarista y conductor en radio y televisión. Ha formado parte de empresas como Radio Programas de México, donde participó en la radio empresarial VIP. También formó parte del equipo directivo y de talento de Radio Fórmula.