Democracia bajo la amenaza del crimen

La violencia e inseguridad amenazan las elecciones presidenciales que este año se celebrarán en México. El crimen organizado tiene una alta probabilidad de injerencia en los comicios y corresponde a los ciudadanos defender la democracia.

Los números son escalofriantes. Durante el proceso electoral 2017-2018 fueron asesinados 48 precandidatos y candidatos en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la empresa consultora Data Cívica, México cerró 2023 con 574 hechos de violencia político-criminal y, sólo en las primeras ocho semanas del 2024, ya hay 16 víctimas fatales, entre funcionarios públicos y aspirantes a diversos puestos de elección popular.

¿Los asesinatos están relacionados con elecciones cerradas o competidas? Una investigación de Vicente Hernández, profesor visitante en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), reveló que los asesinatos de hace seis años estuvieron ligados a “la presencia de organizaciones del crimen organizado y al nivel de violencia criminal en cada municipio”.

En los 16 asesinatos registrados en el proceso electoral en curso -tanto de autoridades, como de aspirantes y candidatos-, el método utilizado en los homicidios coincide con el modus operandi de los cárteles del narcotráfico: una ejecución a mansalva.

Alejandro Lanuza, regidor panista, fue asesinado en Guanajuato el 11 de octubre de 2023; Juan Pérez, cuñado del morenista Ricardo Monreal, fue ejecutado en Zacatecas el 7 de febrero; y David Rey González Moreno, político priísta, fue atacado por un grupo armado el 5 de enero pasado, cerca de la frontera con Guatemala.

Sólo en el caso de Miriam Ríos, militante del partido Movimiento Ciudadano (MC) existen indicios de un presunto ataque transfeminicida, debido a su activismo en favor de la agenda del colectivo LGBT+. Sin embargo, el ataque fue igual de violento: el 11 de enero, hombres armados ingresaron a su negocio y le dispararon sin mediar palabra.

Si retomamos el reporte de Data Cívica, resulta que Chiapas, Jalisco, Morelos y Veracruz, así como Guanajuato, son los estados con mayor riesgo de intromisión del crimen organizado, debido al control territorial que ejercen los grupos criminales.

Está claro que los cárteles están aprovechando la coyuntura electoral, para ampliar su dominio sobre extensos territorios e influir en la vida pública. ¿Eso representa algún peligro? Desde luego. La estabilidad social y política están en riesgo.

Los criminales propagan el miedo para evitar que los ciudadanos vayan a votar y utilizan su poder de fuego para allanar las casillas, robar las urnas y regresarlas con votos apócrifos. O bien, amilanan a los candidatos y secuestran momentáneamente a los operadores políticos, para imponer a sus propios candidatos.

Las bandas del crimen organizado impulsan ciertas candidaturas no sólo para alcanzar acuerdos de protección, a cambio de sobornos, tampoco se limitan a la posibilidad de extorsionar a los comerciantes.

Se trata de controlar las decisiones políticas, para lavar dinero negro y operar, con total impunidad, sus rutas de trasiego y venta de drogas, huachicol, migrantes y redes de trata de personas. También buscan controlar los servicios públicos, como las pipas de agua potable, el servicio de limpia y la construcción de obras.

El 2 de junio 2024 elegiremos más de 19,600 cargos de elección popular y no sólo será la elección más grande en la historia de México, también será la más violenta.

Corresponde a las autoridades brindar garantías de seguridad para ejercer el derecho al voto, pero también es obligación de la sociedad defender nuestra democracia, para no entregar el poder político al crimen organizado.