Delincuencia organizada transnacional y mercados ilícitos

Por qué analizar la delincuencia organizada transnacional (DOT) desde un enfoque económico de mercados ilegales?

Es un hecho que la DOT[1] representa grandes retos para el gobierno, sobre todo porque ya no puede analizarse desde una perspectiva meramente nacional, precisamente porque la DOT desconoce fronteras y regulaciones; su dimensión transnacional es una característica importante en un mundo interdependiente.

Las actividades de la DOT tienen repercusiones a nivel local: incremento del gasto público en seguridad a costa de otros rubros prioritarios para el desarrollo socioeconómico; el encarecimiento de las primas de seguros; nivel bajo de recaudación impositiva ante la amplia gama de actividades ilegales de la DOT; entre otras más. Ante restricciones presupuestarias, es imperativo centrarse en la atención a los problemas más importantes de la DOT, según su amenaza o daño. Para ello, es necesario desarrollar herramientas que evalúen los mercados ilícitos[2] donde actúa la DOT y determinar su amenaza o daño relativos. El propósito de la evaluación de riesgos es para contar con una base racional y empírica para la focalización y canalización de recursos de investigación y preventivos hacia los mercados de más alto riesgo.

La DOT es una industria dinámica que se adapta a los mercados y regulaciones, y crea nuevas formas de delinquir. La DOT representa la expresión moderna del crimen organizado en la era de la globalización, explotando oportunidades, como la deficiente regulación gubernamental y la corrupción, para su beneficio. Las nuevas formas de DOT son versiones modernas de la conducta delincuencial, las cuales se han ido transformando en su forma de delinquir, aliándose además con delincuentes y pandillas locales.

Entre los factores que han contribuido a esta trasnacionalidad se encuentran: los cambios en las oportunidades para delinquir; las nuevas tecnologías de la información y comunicación que permiten el anonimato; los sistemas financieros internacionales que mueven grandes cantidades de dinero de actividades ilícitas con una baja probabilidad de ser aprehendidos; la apertura comercial y transportación que facilitan los desplazamientos internacionales, sin barreras, de grandes volúmenes de mercancías; la inestabilidad política y frágil cohesión social; la vulnerabilidad del estado, y la creciente desigualdad social e inseguridad económica de cada vez mayores segmentos de la población mundial.

Un argumento central es que la DOT no existiría si no hubiera mercados ilegales nacionales y transnacionales. Las actividades delincuenciales requieren de insiders y de outsiders, para vincular a los proveedores u oferentes con sus clientes potenciales y proteger a la empresa criminal de las autoridades.

La DOT necesita hacerse de productos ilícitos ya sea produciéndolos o cometiendo otros delitos y, a su vez, que esos bienes ilícitos sean accesibles para sus clientes potenciales. Es decir, poder desplazarlos desde la fuente de origen hasta su destino final y, simultáneamente, obtener garantías de que cuando algún miembro de la DOT sea detenido o sentenciado, exista la posibilidad de corromper a la autoridad judicial para proteger a la empresa ilegal de una ruptura temporal de sus actividades. Estos elementos garantizan que la DOT sobreviva y perpetúe sus ingentes ganancias y/o que extienda su participación en los mercados.

Un reporte de Nueva Zelanda sobre delincuencia organizada identificó 12 diferentes mercados ilícitos que representan amenazas nacionales e internacionales: el de drogas ilícitas, robo a casa-habitación, robo con violencia, secuestro, armas ilegales, migración ilegal, delitos relacionados con robo de identidad, delitos financieros, crímenes electrónicos, delitos del medio ambiente, robo de propiedad intelectual y corrupción.

Además, cada país tiene diferentes tamaños de mercados ilícitos.

Existen ejemplos alentadores sobre la posibilidad de intervenir esos mercados y aplicar medidas preventivas: en Finlandia, Hungría, Italia y Países Bajos. Esos casos incluyen tráfico de mujeres, tráfico de migrantes ilegales y tráfico de drogas. El análisis encontró tres factores comunes en estos mercados ilícitos: una demanda por esos productos y servicios ilegales; facilitadores -funcionarios gubernamentales, dueños de casas-habitación, taxistas- que explotan estos mercados aprovechándose de su entorno y, tercero, disponibilidad de instrumentos legales para lavar dinero, fabricar documentos apócrifos, etcétera.

Los esfuerzos para reducir los riesgos que representan las actividades de los grupos de la delincuencia organizada en varios mercados se basan, en gran medida, en los principios de la prevención del delito. Pero este enfoque tiene limitaciones para poder enfrentar efectivamente esa problemática, ya que en la práctica no queda claro qué métodos específicos tienen el impacto deseado en las actividades de la delincuencia organizada.

Ante esta realidad existen estudiosos que sugieren añadir al enfoque anterior, uno de mercados o empresas para poder resolver el problema de escoger las medidas más efectivas de prevención para un tipo específico de delito y su ubicación.

Ese enfoque más apropiado parte del principio de que la empresa y los mercados ilegales operan como negocios de la delincuencia organizada.

Este enfoque económico sostiene que la delincuencia organizada parte de los supuestos fundamentales que gobiernan las decisiones empresariales en un mercado legítimo y que se trata de la necesidad de mantener y ampliar su participación en el mercado en cuestión. Al igual que una empresa legal, empresas en estos mercados ilegales son producto de las fuerzas del mercado que buscan maximizar sus ganancias. Así, los mercados legales y los ilegales responden a las necesidades de los oferentes, sus clientes, los reguladores y sus competidores para hacer llegar sus productos y servicios. La diferencia fundamental es que la delincuencia organizada ofrece productos y servicios ilegales.

Con este enfoque es más fácil desarrollar indicadores específicos para medir la naturaleza comparativa de la oferta (disponibilidad, facilidad de movimiento, etcétera), demanda (su nivel, si es elástica o inelástica, ubicación de mercados), competencia de otros grupos o productos (ganancia, la historia de la delincuencia organizada en el mercado, impacto de los daños) y los reguladores (facilidad de entrada al mercado ilícito según la regulación existente, habilidades especiales requeridas, la capacidad y efectividad para hacer cumplir la ley en dicha jurisdicción, niveles de corrupción de las autoridades, alianzas entre autoridades y grupos delincuenciales), etcétera.

El conjunto de indicadores para cada una de las variables y de los productos o servicios ilícitos permite evaluar el riesgo relativo de la participación de la delincuencia organizada para cada tipo de producto o servicio y mercados ilícitos.

En conclusión, se requiere atender las dinámicas de los mercados ilegales mediante regulaciones o generación de los incentivos correctos para desalentarlas. Si las autoridades persisten en privilegiar estrategias dirigidas contra los grupos delincuenciales, seguirán floreciendo las actividades ilícitas. También es necesario tener un buen entendimiento de la estructura y operación de las empresas delincuenciales trasnacionales y las características de los mercados ilegales. Sólo así podrá haber una prevención efectiva y mejor control de las actividades ilícitas. En un mundo globalizado, este esfuerzo debe ser multinacional.

*La autora es economista e internacionalista de la UNAM, con maestrías por las universidades de Columbia y de Georgetown.