Costos de la Incompetencia en el INSABI

El 11 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación[1] la modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) en los siguientes términos: “Queda exceptuada de la aplicación de la presente Ley, la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos intergubernamentales internacionales, a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” a fin de que el Gobierno Federal pueda con mayor opacidad, suplir su incompetencia y falta de capacidad gerencial para proveer de medicamentos, insumos y servicios al Sector Salud, al utilizar organismos que lo hagan a nombre de él en el extranjero.

El sistema de salud mexicano está en crisis por al menos tres grandes vectores:

1.- La disminución del gasto público en los últimos cuatro años, cayendo a 2.4% del PIB, crítico también para las instituciones de seguridad social.

2.- La llegada de la pandemia por el SARS-CoV-2 y la mala gestión de ésta habiendo causado a la fecha una mortalidad inaceptable y gran incertidumbre por la falta de dimensión del problema.

3.- La desaparición del Seguro Popular y la instauración anómala aún del INSABI, concurrente con dos instrucciones presidenciales: el “austericidio” republicano y la concentración de las compras en la oficialía mayor de Hacienda con nano esfuerzos macro desintegrados entre todas las instituciones y aún dentro de ellas.

La falta de medicamentos e insumos para la salud han sido el común denominador de este gobierno que lleva ya 621 días y no entiende que no entiende. De la falta de medicamentos para tratamientos de pacientes con VIH/SIDA a la visible falta de medicamentos oncológicos atravesando con una falla plena de planeación, programación, adquisición y distribución son hoy día la constante de la desesperación que ha obligado a ir a buscar fuera del país a través de la modificación a la LAASSP lo que aquí hay suficiente en calidad, cantidad y sobre todo seguridad y cuyo pronóstico a mi juicio será ominoso para millones de mexicanos, sobre todo los desheredados.

Traigo a colación el porqué de la incompetencia en voz de quien conoce a fondo a los actores actuales de la Secretaría de Salud y del INSABI. Me refiero a la doctora Asa Cristina Laurell, otrora subsecretaria de Salud Federal, quien señaló públicamente[2] refiriéndose respecto al secretario de Salud Jorge Alcocer: “necesitamos tener funcionarios que conozcan la realidad del país; no puede ser que esté sentado en la Ciudad de México y no conozca lo que son los problemas reales que tiene el país.” Y respecto al director del INSABI Juan Ferrer: “Lo que estoy viendo es la ignorancia sobre el Sistema de Salud del titular de INSABI, quien nunca ha trabajado en Salud, y que se ve que tampoco se puso a estudiar cuáles son los problemas reales”.

Con sustento en su incompetencia y desconocimiento del Sector Salud en lo general, con ausencia del Programa Sectorial de Salud y la Normatividad para el propio INSABI, Juan Ferrer firmó el 31 de julio de 2020, un convenio con la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos). La modalidad de Proyecto Específico de Implementación es para la ejecución de la Adquisición de Medicamentos y Material de Curación, a través de mecanismos que proporcionen las mejores condiciones disponibles al INSABI en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias aplicables.

El proyecto del INSABI con UNOPS tendrá un costo directo para el Gobierno de México de 6,000 millones de dólares y un costo indirecto (comisión por el proyecto) de 109 millones de dólares, pagaderos por adelantado (dos mil cuatrocientos millones de pesos por incompetencia para empezar).

El INSABI -esperando ahora lo haga bien- adquiere la responsabilidad de preparar la lista de medicamentos y material de curación y de las especificaciones técnicas detalladas, así como de la recepción y aceptación de los medicamentos y material de curación, para su posterior distribución.

Además, el Gobierno Federal y el INSABI tienen la obligación de apegarse en las compras a un Plan Sectorial de Salud inexistente hoy en día. Tienen también que asegurar condiciones de igualdad con la industria farmacéutica mexicana como garantizar estándares de calidad no menores a los que exige México, incluyendo pruebas de intercambiabilidad, certificados de buenas prácticas de fabricación, farmacovigilancia y plan de manejo de riesgos.

Deberán de contar medicamentos e insumos con registro sanitario en México o en agencias reconocidas o de acuerdos de equivalencia con México como Estados Unidos de América, Canadá, Japón, Países Europeos y Australia.

Por último, sería impensable admitieran etiquetado en los medicamentos e insumos que no fuese en español, conforme a nuestra regulación. Y no pueden menos que garantizar tiempos equivalentes de respuesta para trámites de registro tanto para fabricantes nacionales como para  extranjeros

Se deben tener condiciones iguales de contratación y cotización, así como de la entrega de los bienes. Establecer y garantizar las mismas condiciones de pago y de tipo de moneda en que se llevarán a cabo las operaciones. Por último y no menos importante en términos de transparencia, los proveedores de otros países deben declarar no tener denuncias de irregularidades en México o en otros países y verificar si existen subsidios en su país de origen para la fabricación o la exportación.

Hago votos para que haya los medicamentos e insumos que requerimos tantos millones de mexicanos en estas épocas de pandemia, y que el remedio que buscaron con la modificación hecha a la LAASSP por la incompetencia del INSABI no salga peor que la enfermedad.

*El autor es diputado federal, médico certificado en cirugía general, doctor en ciencias y en Administración Pública.

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