La iniciativa de reforma tributaria ha desatado una oleada de protestas por parte del sector privado.

El principal argumento es que con la reforma “se está creando una herramienta de terrorismo fiscal”.

Decía el sabio jurista y muy astuto político que la relación más áspera del Estado con la ciudadanía es la cobranza de impuestos. Esa relación, abundaba, era aún más áspera que la impartición de justicia por una razón: porque implica a la totalidad de la población y de manera permanente (todos pagan impuestos y deben hacerlo todo el tiempo). Así, la gran diferencia con la impartición de justicia es que ésta sólo incide sobre quienes están involucrados en un proceso judicial.

En razón de que la cobranza de impuestos es la expresión más áspera de la relación del Estado con los ciudadanos es que la expedición de leyes sobre la materia y su aplicación debe ser una materia que se conduzca con sumo cuidado. No estoy tan seguro de si aquellos que están involucrados en la iniciativa de reforma que se encuentra actualmente en proceso para el marco tributario del país, tienen consciencia del argumento anterior.

Uno de los ponentes de la iniciativa (funcionario de la Secretaría de Hacienda) argumenta que el Estado mexicano no cuenta con armas “suficientes” para combatir la evasión fiscal que durante los tiempos recientes “le ha perdido el miedo al fisco. En los últimos 20 años, las prácticas de evasión se volvieron más atrevidas”. En su opinión, “ahora hay una impunidad casi absoluta”. Podría ser correcto, pero el problema es que el funcionario hacendario de marras únicamente enuncia esos argumentos, no los demuestra o comprueba.

Y mientras tanto, la iniciativa comentada ha desatado una oleada de protestas por parte del sector privado. Hay la sensación en ese sector de que se trata a los empresarios como si fueran delincuentes potenciales, algo sobre lo cual no es seguro que tenga conciencia plena y responsabilidad el legislador que ha encabezado la presentación de la propuesta: el senador Alejandro Armenta, del partido Morena.

Los argumentos de los representantes del sector privado también tienen validez y deben ser escuchados. El principal es que con la reforma que se ha presentado se “está creando una herramienta de terrorismo fiscal que afectará no sólo a las empresas sino a cualquier contribuyente”. No descarto que pudiera ser cierto y de ahí la conveniencia de que fueran escuchados con mayor atención y cuidado. Eso, en lugar de la mera reacción autoritaria de que se trata de un punto “en el que el gobierno no cederá”.

Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico