Constitución CDMX, alcaldías, nuevas instituciones y gobernanza

Es básico asegurar una gobernanza integrada del organismo urbano y evitar una balcanización de la ciudad que arriesgue su coherencia funcional

En esencia, la Constitución CDMX debe plantear una profunda reforma institucional en la metrópolis; de ella dependerá su verdadera relevancia. De lo contrario, no pasaría de ser un ejercicio fútil de vanidad política y señuelo distractor para eludir responsabilidades ingentes de gestión urbana. La clave estará en diseños de gobernanza y distribución de competencias entre el gobierno central, las alcaldías y nuevas instancias técnicas de planeación y regulación.

Algo básico es asegurar una gobernanza integrada del organismo urbano que es indivisible y evitar la balcanización de la ciudad en cacicazgos y cacofonías de política que pongan en riesgo su coherencia funcional. En este sentido, las facultades de planeación, regulación y operación en temas estratégicos para la ciudad (seguridad, fiscalidad, transporte y control vehicular, agua e infraestructura hidráulica, programas generales y cambios significativos de uso del suelo, destino final de residuos urbanos, salud, educación, desarrollo económico, espacios públicos y parques urbanos prioritarios, equipamiento e infraestructura esenciales, zonas de conservación ecológica y áreas naturales protegidas) deben permanecer íntegramente en manos del gobierno central. Las alcaldías deben concentrarse en tareas de intendencia y gestión urbana local, manteniendo, básicamente, facultades que hoy otorga a las delegaciones la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en los términos del Artículo 122 constitucional. Por supuesto, las alcaldías no deben ser autoridad fiscal, y sus presupuestos han de ser asignados por criterios de población, carencias, y rol estratégico en la vida metropolitana; sin embargo, será útil que puedan hacerse de recursos propios a través de servicios y contribuciones específicas, como parquímetros.

Será importante que en ciertas alcaldías, sus concejos reserven un sitio especial de representación para pueblos originarios que lo ameriten, en donde persistan esquemas de autoridad tradicional y de organización colectiva reconocibles, y códigos expresos de usos y costumbres (que no interfieran con políticas estratégicas de integración y coherencia urbana, y derechos individuales). Con fines de eficiencia de gestión, será preciso crear nuevas demarcaciones para alcaldías en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan, y atender peculiaridades de nuestra complejidad urbana y territorial con mecanismos especializados de gobernanza. Tal es el caso del Centro Histórico, que debe ser responsabilidad directa del jefe de Gobierno de la CDMX bajo una figura adecuada de distrito especial, al igual que la Zona de Conservación Ecológica y las Áreas Naturales Protegidas. Otro ejemplo es Tepito, que demandaría un estatuto propio como Zona Especial de Comercio y Cultura Popular.

Obviamente, es indispensable que la Legislatura se concentre en legislar y que no ejerza ninguna función técnica de regulación, planeación o de política pública, tampoco de gasto más allá de su administración (que por cierto hoy es escandalosamente onerosa: 1,500 millones de pesos anuales).

En el marco de un servicio público profesionalizado, y de planes y programas sectoriales a largo plazo, cuya formulación y acatamiento serán obligados, la ciudad requiere urgentemente de nuevas instituciones técnicas de diseño, planeación y evaluación de políticas. Destacan, un consejo técnico de gobierno; un consejo de desarrollo e infraestructura; un instituto de planeación y regulación territorial y usos del suelo; un instituto de estadística y evaluación de políticas con autonomía técnica y administrativa, vinculado al Inegi; un intendente general de la CDMX responsable de mantenimiento en ámbitos de competencia del gobierno central y supervisor de alcaldías en la materia, y una comisión de transporte y vialidad a cargo de planes y programas de largo plazo.

Igualmente, es vital para la ciudad establecer una empresa metropolitana de desarrollo como brazo ejecutor urbano del gobierno de la CDMX, y reconfigurar como empresas públicas al Sistema de Aguas, Servicios Urbanos, Metro y RTP, con personalidad jurídica, transparencia, gobierno corporativo, patrimonio propio y capacidad para emprender alianzas público–privadas.