Se consumó el fin de semana pasado el acto para legalizar lo ilegal con una ilegalidad: López Obrador firmó un decreto para que los vehículos ilegales conocidos como “autos chocolate” se legalicen en siete estados fronterizos. Pero también el decreto se extiende a todo el país. El instigador de esta medida fue el gobernador saliente de Baja California, Jaime Bonilla. El pretexto es que, contando con un padrón de dueños y características de esos autos, se evitarán actos criminales. Es un argumento sumamente dudoso.

Querer legalizar a los chocolates es un tema recurrente porque al final promueve votos. La última vez que se firmó un decreto así fue con Fox en 2005 mediante el cual se legalizaron cerca de 1.5 millones de unidades. En ese entonces, el pretexto fue que la mayoría de esos vehículos eran camionetas pickups utilizadas en labores del campo. Se quiso ofrecer una facilidad a esos dueños pues los vehículos eran una herramienta de trabajo. Muchas de esas camionetas entraron al país con un permiso temporal, pero nunca regresaron a Estados Unidos.

Gradualmente se fue modificando el tipo de autos que eran contrabandeados en la frontera, proliferando ahora los usados de lujo y deportivos, aunque ya con más de 10 años de antigüedad. Ello comenzó a ser lucrativo para las mafias del crimen organizado, constituyéndose en otra línea de negocio más para esas organizaciones. Desde luego ese contrabando sólo puede funcionar con la colusión de los funcionarios aduanales. Es difícil calcular el monto de vehículos que abarcaría el decreto actual. Las estimaciones van desde 500,000 hasta 3 millones de unidades ilegales.

Los chocolates legalizados incrementan la contaminación, son inseguros y tienen una vida corta. Al no haber refacciones o que su mantenimiento es caro, llega un momento en que simplemente son abandonados en las calles o carreteras.

El decreto no soluciona nada, pero sí crea daños. La legalización afectará al mercado de autos usados, ya que la mayor oferta deprimirá el precio al entrar los chocolates a ese mercado.

La consecuencia es que aquel que pensaba vender su actual auto, con el precio menor desistirá de ello o lo pospondrá. Si pensaba adquirir un auto nuevo, ello impactará al mercado de los nuevos. Así, se perjudicará la cadena de renovación del parque vehicular.

Resolver el problema no es sencillo. Cuando un bien es ilegal porque fue contrabandeado, de acuerdo con la ley, éste debe ser decomisado. Pero eso es difícil hacerlo con los chocolates. Una posible solución es que, dentro de un plazo establecido por las autoridades, los dueños de esas unidades ilegales voluntariamente las entreguen y se les de un monto fijo como retribución, que obviamente no se relacione con el valor de mercado del auto. Transcurrido el plazo, todo auto ilegal debe ser decomisado.

El decreto va muy en la línea con lo que le gusta a la 4T: crear distorsiones que favorezcan a las mafias, inventar que van a proteger el patrimonio de los supuestamente desfavorecidos, y promover una artimaña electoral. Confirma que López Obrador tiene una atracción hacia todo lo ilegal.

Twitter: @frubli

Federico Rubli Kaiser

Economista

Revista IMEF

Economista egresado del ITAM. Cuenta con Maestría y estudios de doctorado en teoría y política monetaria, y finanzas y comercio internacionales. Columnista de El Economista. Ha sido asesor de la Junta de Gobierno del Banxico, Director de Vinculación Institucional, Director de Relaciones Externas y Coordinador de la Oficina del Gobernador, Gerente de Relaciones Externas, Gerente de Análisis Macrofinanciero, Subgerente de Análisis Macroeconómico, Subgerente de Economía Internacional y Analista.

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