Cero eficiencia, mucha impunidad

Es muy posible que la mayor parte de la sociedad ya esté habituada a las noticias que hablan de la violencia que se padece, pero la ola de la semana pasada estuvo fuera de los parámetros que se manejan. Vale la pena hacer un recuento rápido: un operativo fracasado que no logró detener ni a Ricardo Ruiz Velasco, “el RR”, ni a Gerardo González Ramírez, “el Apá”, lugartenientes de Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación. En respuesta, los criminales ordenaron la quema de vehículo públicos y privados, de establecimientos comerciales, destacadamente 25 OXXOs, en Jalisco y Guanajuato. 

Por cierto, si se compara este operativo con el que detuvo en su momento a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y que después lo liberó, se notara el doble rasero de la “seguridad” gubernamental. La razón que esgrimió López Obrador en aquel momento fue el peligro que corría la población si seguía adelante la detención de Ovidio, en el caso de la gente del Mencho no le importó al gobierno lo que pasó después. Inclusive, el presidente López lo minimizó y no ha pedido disculpas por no medir las consecuencias que a muchos les causó un daño patrimonial importante. 

Con posterioridad a los sucesos de Jalisco y Guanajuato, se dio un ataque a la población civil en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que murieron siete personas que estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada y también se quemaron vehículos y comercios. Acerca de este asunto, López mandó sus condolencias a los familiares de las personas asesinadas, pero nunca hizo el menor intento de ayudarlos de otra manera. Otra vez el doble rasero. En Tlahuelilpan, Hidalgo, un grupo numeroso de pobladores estaba “ordeñando” ilegalmente un oleoducto cuando se produjo una gran explosión. Luego de esto, el residente ordenó que se ayudará a las familias, a pesar de la ilegalidad del acto. En cambio, a las personas inocentes de Ciudad Juárez, que murieron por la falta de seguridad, ni siquiera tuvo la sensibilidad de ofrecer ayuda. Una estadística para los jueves de Cero Impunidad. 

La semana siguió con los incendios de vehículos y bloqueos en Baja California y terminó con los sucesos de Michoacán y otra vez Guanajuato. De nuevo, el presidente minimizó todo y aseguró que hay plena gobernabilidad, algo que a todas luces no es verdad. 

Pero vamos a la interpretación de lo que pasó en esa violenta semana pasada. Hay varias versiones. Muchos acusan al presidente de haber pedido a sus aliados del crimen organizado que llevarán a cabo toda esa violencia para justificar el paso de la Guardia Nacional a la SEDENA de manera legal. En las antípodas de esta lectura, la de los cercanos al presidente es que se trató de una asonada de los conservadores que pidieron a sus aliados del crimen organizado que desataran la violencia para dañar la imagen del mandatario. López Obrador sugirió que tal vez esto pudiera ser cierto. 

Esta interpretación se cae sola. Para empezar, ¿quiénes son los conservadores? Veamos nombres citados en las mañaneras: Claudio X. González, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, entre otros. Todos ellos han tenido una vida pública en la que difícilmente podrían esconder nexos o alianzas con criminales de esa laya. La acusación en una cortina de humo para tratar de esconder el fracaso de la estrategia (digamos) de seguridad. 

Al respecto de los nexos del crimen organizado con gobiernos, partidos y políticos, Porfirio Muñoz Ledo ha acusado que el gobierno de López Obrador tiene un "contubernio" con el crimen organizado, por lo que propuso crear una Comisión de la Verdad que investigue estos hechos. Hay suficientes hechos para que en efecto se monte esa comisión.

Personalmente creo que hay una especie de acuerdo implícito con el crimen organizado, una manera de dejar hacer mientras se comporte discretamente y no se confronte con su gobierno. Por supuesto, no descartó la fuerte posibilidad de que algunos integrantes de la 4T tengan contacto cercano y acuerdos con integrantes de la delincuencia. Acuerdos que se traducen en dinero para campañas, vehículos, amedrentamiento de rivales políticos y jugosos negocios. Cosas de las que el presidente prefiere no enterarse. 

En ese sentido, la comisión propuesta por Muñoz Ledo es una buena idea. Sacar a la luz los nexos, los guiños, la permisividad, los dineros y negocios que hay entre el gobierno actual y el crimen organizado. Pero esta tarea debe ser paralela a la de denunciar, una y otra vez, la inefectividad de la seguridad que ha fallado por parte de los gobiernos. 

Partidos, organizaciones civiles y empresariales, intelectuales, mujeres, niños y niñas, adultos, todos somos víctimas potenciales ante la falta de interés real del gobierno de López. Tengamos conciencia de esto.