Bienes públicos, delincuencia y pobreza

México asiste y observa impávido el desplome del gobierno local y la impotencia del gobierno federal para suplirlo. Hartos de la Presidencia Imperial, consagramos una descentralización obsesiva del poder, que al dispersarse se diluyó.

Hoy tenemos gobiernos municipales y delegacionales (en el Distrito Federal) efímeros -sólo tres años y sin reelección-, fragmentados e intrínsecamente débiles, con incentivos perversos de corto plazo, irresponsables fiscalmente y administrativamente ineptos, sometidos al imperio de intereses corporativos y partidistas, y con frecuencia, al crimen organizado.

La inseguridad y la delincuencia desatadas sólo ocupan ese espacio vacío y degradado que dejan. Son los pies de barro de un Estado que se desmorona desde abajo. A ello contribuyen una educación pública nefanda, con escuelas de medio tiempo (¡las primarias terminan a las 12:00!), y un urbanismo dominante hecho con panales aislados de vivienda extensiva y monótona, que necrosan el tejido social (claro, es lo más barato). Además, desde luego, de un crecimiento económico mediocre por la falta de reformas. Es un problema sistémico de institucionalidad política, diríamos civilizatorio.

Pero nuestros políticos -esta generación perdida- se concentran en sus veleidades y los cínicos ( ¡Basta de Sangre! ) culpan al Presidente Calderón y no a los delincuentes, sin proponer nada, aparte de seguir a su mesías en un persistente rastro de encono, resentimiento y vulgaridad.

El derrumbe de la gobernanza local y la descomposición de lo público que conlleva también coartan y destruyen capacidades, especialmente de los más pobres. La pobreza, ya lo dijo Amartya Sen, más que en ingresos bajos consiste en impedimentos al desarrollo de capacidades personales y en la degradación de la calidad de vida. La pobreza tiene que ver más con el deterioro o ausencia de bienes públicos, que con una reducida posibilidad de comprar cosas. Luchar en serio contra la pobreza no consiste en ofrecer dádivas y subvenciones privadas a clientelas y grupos de interés, sino en crear bienes públicos de calidad, ya que los pobres no tienen acceso a bienes privados que los suplan (seguridad privada, trabajo, recreación, calidad ambiental, automóvil, deporte, cultura, centros comerciales, viajes y educación). No consiste en regalar dinero, sino en promover condiciones para el desarrollo de empresas, la inversión productiva, la productividad y el empleo.

Para gobiernos locales débiles y efímeros, ser dadivoso con dinero ajeno es el expediente ahora de moda, más sencillo y pueril (y desgraciadamente, rendidor en lo electoral). Sólo refuerza relaciones paternalistas e inhibe la responsabilidad individual, prostituye al ciudadano con una transacción política perversa, derrocha el gasto público e hipoteca políticamente las finanzas futuras; es fácil crear subvenciones y muy difícil eliminarlas. (Un inviable welfare state local). Se descuida y abandona lo público, verdadera responsabilidad del Estado; éste se debilita aún más, desde abajo. Empeora la pobreza por destrucción de capacidades individuales y sólo se crean nuevos vínculos de dependencia.

Más que un salario o un ingreso mínimo, empobrecen bienes públicos inexistentes o fallidos. Empobrecen escuelas miserables y una educación deplorable que sólo afirma las incapacidades de quienes ahí tienen el infortunio de asistir; al igual que calles, plazas y alamedas, hospitales públicos e instalaciones de transporte colectivo envilecidos e invadidos por lumpen-mercaderes ilegales. Empobrece la amenaza permanente de la delincuencia y el saber que no hay una policía confiable y eficaz. Empobrece tener que viajar varias horas al día en condiciones agobiantes para trabajar y estudiar por falta de infraestructuras y sistemas eficientes y confortables de movilidad. También empobrece un paisaje urbano saturado de basura y grafiti que ofende y marca territorios para el delito, y que atestiguan la indolencia del gobierno local para atender sus responsabilidades más básicas de intendencia. Empobrece más, la carencia de oportunidades de recreación en instalaciones deportivas y en parques dignos, estimulantes, limpios y seguros, y la ausencia de aceras transitables y bien iluminadas, así como de servicios públicos de agua eficientes. Empobrece también la impunidad.

El imperio de la delincuencia en México es una entrega trágica de una gobernanza local desmadejada. La pobreza de capacidades es otra. Ambas se nutren, se extienden y recrean en un ámbito donde los bienes públicos han sido olvidados. Hay que empezar por ahí.