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Atrocidades innegables
Tras casi una década del despliegue de las Fuerzas Federales ya sean tropas castrenses o policiacas el rastro de sangre dejado por la guerra contra el crimen organizado es dolorosamente abstracto. Los asesinatos, las desapariciones y las torturas perpetradas tanto por los cárteles como por las corporaciones que supuestamente debían luchar contra éstos, persisten aún ahora.
Entre diciembre del 2006 y diciembre del 2015, más de 150,000 personas fueron asesinadas intencionalmente en México. Las estadísticas oficiales sobre homicidios dolosos subestiman el verdadero saldo: decenas de miles de desapariciones siguen sin resolverse y existen cientos de fosas comunes clandestinas que no han sido suficientemente investigadas. En esta década sangrienta de acuerdo con un reporte elaborado por la Open Society, presentado en El Colegio de México nadie sabe cuántas personas han desaparecido en México.
La cifra de 26,000 citada a menudo es engañosa y en gran parte arbitraria; constituye una contabilidad defectuosa del gobierno de personas desaparecidas. El número registrado de personas desaparecidas ha aumentado constantemente desde el 2006, alcanzando un máximo anual de 5,194 desapariciones en el 2014. Sin embargo, estas cifras no logran distinguir entre las categorías de desaparecidos, e incluyen a personas desaparecidas por motivos no delictivos. Con todo, existen sólidas razones para creer que el verdadero número de personas desaparecidas por motivos delictivos es significativamente mayor .
A su juicio, la intensidad y los patrones de violencia registrados en este periodo constituyen pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por actores gubernamentales federales como por miembros del cártel de los Zetas son crímenes de lesa humanidad, según la definición legal establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por México desde enero del 2006, así como en la jurisprudencia de la CPI y de otros tribunales internacionales.
A diferencia de las anteriores sesiones del seminario sobre violencia y paz, como moderador de la mesa estuvo Sergio Aguayo, en vez de Lorenzo Meyer, quien se disculpó, pues tenía que dar clase. El catedrático quien actualmente conduce una investigación sobre lo ocurrido en Allende, Coahuila, en febrero del 2014 recibió a su colega del CIDE, Ximena Medellín, y a la ministra en retiro de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, quienes comentaron el informe de la Justice Initiative de Open Society.
La lectura del trabajo, coordinado por Eric Witte, director senior de proyectos especiales en la Open Society, produjo un impacto devastador, emocionalmente hablando, a Sánchez Cordero, quien recientemente vio en la televisión un reportaje sobre las mujeres que rastrean fosas clandestinas en el norte del país. Y recordó un caso que pasó por la primera sala del máximo tribunal: el de un joven estilista radicado en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, identificado como presunto responsable del asesinato de 14 jóvenes.
Detenido a las afueras de su negocio, el joven permaneció más de 30 horas detenido en un cuartel militar. Cuando fue presentado por las autoridades judiciales, ya había aceptado la autoría material del crimen.
La madre del joven imploró a la ministra que atrajera el caso. En Ciudad Juárez , le dijo, ser joven y pobre es sinónimo de delincuente para las autoridades . Sánchez Cordero reconoció de inmediato que se trataba de un diamante en bruto y finalmente, la resolución del expediente quedó en la ponencia del ministro Alfredo Ortiz Mena, quien valoró la evidencia y determinó que esa confesión fue arrancada bajo tortura.
De los cinco ministros que componen la primera sala, dos se pronunciaron por reponer el procedimiento. Imposible, cuando se trata de un montaje , recordó Sánchez Cordero, quien también aludió al caso Cassez. En el caso del joven juarense, tres ministros avalaron su liberación inmediata. La tortura tiene efectos perversos. Encarcela a inocentes y deja en libertad a los verdaderos delincuentes , resumió la juzgadora.
La investigadora del CIDE, Ximena Medellín, aplaudió la recomendación de la Open Society, de buscar la instauración de un mecanismo de cooperación internacional para atender esta problemática, en oposición a experiencias previas, como el trabajo de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que funcionó durante el sexenio foxista y que resultó un fracaso estrepitoso .
Nuestras instituciones de justicia tienen un problema muy serio de legitimación pública, sobre todo frente a las víctimas y sus familiares , advirtió. ¿Y experiencias recientes como el GIEI o los expertos forenses argentinos, que participaron en las investigaciones de Ayotzinapa?
Medellín recordó que el gobierno mexicano ha tardado una década para ratificar el llamado Estatuto de Roma, por complicaciones parlamentarias. La armonización de la armonización del marco legal vigente requeriría de una reforma constitucional y ante esa disyuntiva se pronunció firmemente por la adopción del mecanismo internacional. Es una necesidad, un imperativo .
Eso o que las familias recurran a la Corte Penal Internacional, pues como asumieron ambas juristas tras de leer el informe de la Open Society, existen fundamentos razonables para considerar que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Aguayo se pronunció por el establecimiento de un mecanismo híbrido , con representantes gubernamentales y de organismos internacionales, en un reconocimiento tácito de que actualmente, el gobierno mexicano no tiene suficientes capacidades para responder de manera efectiva ante esta dolorosa realidad.
La posibilidad de establecer responsabilidades ante la Corte Penal Internacional no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar (los) crímenes atroces , dice el informe de la Open Society; sin embargo, un mejor resultado lo constituye la posibilidad de que el gobierno mexicano se proponga, por cuenta propia, procesar las causas, independientemente de que los autores sean actores del gobierno o grupos delictivos .
