A pesar de las advertencias de afectaciones a varios derechos fundamentales y del endurecimiento de la iniciativa original, el Senado de la República aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Así te perjudica.

El motivo. La iniciativa surgió porque el gobierno no ha podido controlar la extorsión, el tercer delito con mayor incidencia. Durante 2019 se cometieron 4.6 millones de extorsiones. En 88.9% de los casos, la extorsión fue telefónica y en 8.6% de las veces fue pagada (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2020).

Derechos violentados. Con el pretexto de reforzar la seguridad ciudadana, los legisladores caen en la tentación de atropellar los derechos fundamentales. Tu privacidad, datos personales y biométricos quedarán a disposición de las autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Qué miedo. La iniciativa atenta contra tu presunción de inocencia y te criminaliza, porque por el hecho de tener una línea móvil (que utilizas para ejercer tu derecho a comunicarte, trabajar, estudiar o entretenerte) tú podrías cometer una extorsión telefónica.   

La iniciativa original no contemplaba el registro de datos biométricos, pero los senadores decidieron incluirlos, además del número de la línea, nombre, domicilio, de identificación oficial y otros datos del equipo celular y el operador móvil.

La creación del padrón no era necesaria porque los concesionarios de telecomunicaciones ya están obligados a colaborar con las instancias de seguridad y procuración de justicia en la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil, según los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Amenaza al regulador. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le corresponderá instalar, operar, regular y mantener el padrón. Debe emitir disposiciones sobre cómo operará el registro. Debe hacerlo dentro de seis meses después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas a la ley secundaria.

Como ya se sabe que el IFT suele tardar en hacer la consulta y en publicar diversos lineamientos, los senadores cuidaron que en caso de que el IFT no emita las disposiciones en el plazo de 180 días, los comisionados del Pleno tendrán una responsabilidad administrativa.

Suspensión de la línea. Si ya tienes una línea móvil o piensas contratar alguna, deberás registrarte, pero tranqui. Primero, el IFT debe emitir los lineamientos. Sólo después de eso los concesionarios deberán recabar e ingresar la información sobre tu identidad, datos biométricos y domicilio. El operador tiene dos años a partir de la publicación de las disposiciones regulatorias para cumplir con la obligación del registro.

En ese plazo de dos años, estarás obligado a registrar y actualizar tus datos. Si no lo haces, se te cancelará el servicio móvil sin derecho a reactivación, pago o indemnización.

¿Quién pagará el padrón? Los mexicanos, quiénes más. Para instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional el IFT deberá destinar erogaciones presupuestales que actualmente no posee. Seguramente, el IFT solicitará una ampliación presupuestal para 2022 y los años subsecuentes. El padrón será tan seguro como la mejor tecnología que posea y eso cuesta dinero. Los recursos son públicos y provienen de tus impuestos. Con tus contribuciones al fisco también se pagan las medidas de seguridad y los custodios en las cárceles que deberían evitar que ingresen los teléfonos celulares a las prisiones para que los delincuentes te extorsionen.

Tú pagas la seguridad pública que no te garantizan. Financias el mantenimiento de las prisiones desde donde te extorsionan. Tú pagas al policía que no evita que entren teléfonos a manos de extorsionadores. Tú pagas el rescate. Aportas para el salario de los legisladores que atropellan tus derechos fundamentales. Tú pagarás el padrón de usuarios, el mantenimiento y las actualizaciones para que la base de datos sea segura y no termine en el mercado negro de Tepito o en Internet. Tú aportarás para las campañas en medios para que te informen que debes registrarte. Tú pagas la línea celular que te suspenderán sin compensación si no te registras. Tú financiarás el amparo contra el registro. Siempre pagas los platos que otros rompen.

¿También pagarás más por el servicio? Toda regulación (te) cuesta. Asociaciones y cámaras industriales calculan que la implementación del padrón costará 109 millones de pesos el primer año y 88 millones los siguientes.

Los operadores no quieren perder clientes ni subir las tarifas del servicio. Pero el costo de implementar, mantener y operar el padrón se trasladará al servicio o equipo contratado por ti. Planes ajustados con menos beneficios como minutos o megas, menos promociones o smartphones más caros son algunas de las estrategias que pueden idear los operadores para recuperar el gasto que implica cumplir con el registro.

Imagínate lo que le costará a los operadores (a ti, en última instancia) que en cada uno de los 500 mil puntos de venta a nivel nacional (Centros de Atención a Clientes, distribuidores autorizados, estanquillos en plazas comerciales, estaciones del transporte público o incluso en las calles donde se venden tarjetas SIM) los facilitadores estén equipados y capacitados con tecnología, software, escáneres de documentos, de datos biométricos (huellas dactilares, iris ocular, reconocimiento facial), cámaras y conectividad a los servidores del patrón para actualizarlo en tiempo real.

¿Hay esperanza? Sí y mucha. Espera a que los legisladores que votaron en contra del padrón y alguno arrepentido(a) que ahora quiera quedar bien contigo en campañas electorales, presenten una acción de inconstitucionalidad contra las reformas. Reguladores como el IFT y el INAI también podrían diseñar una estrategia legal y no quedarse con los brazos cruzados. Organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos presentarán amparos estratégicos contra las graves violaciones a la privacidad, la protección de datos personales y el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Los operadores no quieren perder dinero ni clientes y saben cómo enfrentarse a la regulación en tribunales.

Confiamos en que un juez suspenda como medida cautelar la instalación del padrón mientras se analiza el fondo de la inconstitucionalidad. Llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ministros han sabido preservar nuestros derechos constitucionales contra malas leyes. Habrá amparos contra las reformas y contra las disposiciones que emita el IFT. Porque el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no pasará.

*El autor es Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)

En comunicación

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM. Estudia los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, la comunicación política y el periodismo. Es autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox.

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