La ausencia de justicia para las mujeres que transgreden las normas y cometen algún crimen, la doble estigmatización que les impone la sociedad por ser criminales y por ser mujeres no es nueva: proviene de una práctica penal anquilosada y de una larga tradición social que les exige comportarse como "ángeles del hogar".

Así lo sugiere la historiadora Martha Santillán Esqueda en su libro Mujeres criminales: entre la justicia y la ley (2021). Con un estilo narrativo que enriquece el rigor de su investigación en archivos judiciales de los años 30 y 40 del siglo pasado, la autora presenta cinco casos de mujeres acusadas de delitos graves, que se enfrentaron a un sistema de justicia patriarcal, a una sociedad reacia a la modernización de las costumbres y a una prensa ávida de escándalo. A través de las historias de estas mujeres, nos acercamos a la vida en femenino en una Ciudad de México en proceso de modernización económica y social que apenas incidía en el ámbito cultural y en las relaciones de género. Así, mientras que las mujeres criminales estremecían a la opinión pública, la violencia de pareja, el incesto o la violación eran prácticas ocultas o normalizadas como usos privados.

Con respeto y empatía por las protagonistas de su estudio, Santillán las presenta en su contexto social y personal, da cuenta de sus casos y del proceso penal que culminó en la absolución de algunas y en condenas variadas para otras.  Analiza también la mala educación sentimental y social que difundió el cine de la época, y refiere las reacciones de la prensa, vocera de la "buena sociedad". Desde la historia social y cultural, nos invita así a reflexionar acerca de los límites de los cambios legales logrados desde entonces y su puesta en práctica, y a valorar la perspectiva de género como lente indispensable para entender las causas de estos crímenes e impartir justicia.

¿Quiénes son estas mujeres señaladas? La mayoría es de clase media, aunque alguna más adinerada, como Clementina, quien asesinó al marido que la golpeaba y la engañaba pero se negaba a darle el divorcio. Otras, pertenecían a las clases populares, como María Antonieta, cuya vida resume las desgracias de una familia precaria, donde los hombres más cercanos abusan de su poder y la violencia sexual se acalla por vergüenza y temor. Otra es Carmen, acusada de robo y asesinato, cuyas costumbres demasiado libres agravan las acusaciones en su contra. Además de presentar argumentos que pudieran atenuar sus actos, todas ellas (y sus abogados) tenían que acreditar ante los jueces sus buenas costumbres y su mejor reputación como "buenas" mujeres, hijas, esposas y/o madres, puesto que en el imaginario social y ante el derecho ideado e interpretado por hombres, la honra y la buena reputación eran esenciales.

Las mismas exigencias enfrentaron las dieciocho mujeres detenidas en una excepcional redada en el consultorio de un médico que practicaba abortos, en el centro histórico. Aunque muchas habían acudido por dolencias ajenas al embarazo, todas fueron detenidas. La mayoría sufrió maltrato en la agencia judicial. Casi todas probaron que no habían cometido ningún delito, pero el abuso judicial y el escarnio mediático quedaron para la historia. Como aún sucede en ciertos medios, la exaltación de la maternidad y el desprecio hacia las mujeres "desalmadas" alimentaron el discurso mediático, en esa época todavía gran promotor del "Día de la Madre", creado en 1922 para contrarrestar los avances de las mujeres en el ámbito laboral.

Aunque hoy la perspectiva de género forma parte del lenguaje de la SCJN, en la práctica, el sistema penal suele revictimizar a quienes denuncian violencia sexual o de pareja y a menudo ignora las circunstancias adversas que han vivido mujeres acusadas de asesinato o aborto. Aplica la ley mas no hace justicia. Modificar la mirada penal para cumplir con la justicia es todavía tarea pendiente.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).

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