Agenda para la reconstrucción nacional

En la nueva legislatura que se instala este domingo 29 de agosto se va a dirimir mucho del futuro de México. La coalición Va Por México integrada por el PAN, PRI y PRD (esperemos que también pronto incluya a Movimiento Ciudadano) tendrá bajo su responsabilidad contener la destrucción institucional, económica, social y ambiental del país, y arrancar un proceso de reconstrucción que deberá proyectarse plenamente a partir del 2024. Se trata de desplegar una agenda legislativa y política en torno a los temas más sensibles y relevantes y que más han sufrido los embates del gobierno del presidente López. Dado que Morena y sus aliados detentan una mayoría (mayoría espuria, por cierto, ya que la oposición obtuvo un porcentaje más alto de votación en la elección del 6 de junio), habrá que buscar acuerdos, al menos, con el Partido Verde. Entre las prioridades de agenda destacan: La defensa de los órganos autónomos del Estado que están bajo amenaza, como el INE, el Inegi, el Banco de México, y la Cofece, o que han sido envilecidos como la CRE, la CNDH y CNH. Restablecer el Seguro Popular y el Fondo de Enfermedades Catastróficas, así como a la industria farmacéutica nacional y al sistema de distribución de medicamentos. Recobrar los fideicomisos y fondos de desastres naturales, ciencia y tecnología, cultura, educación y medio ambiente, al igual que de estabilización de ingresos presupuestarios, que fueron eliminados y/o saqueados por el régimen. Reponer las Zonas Económicas Especiales. Evitar que continúe el afán corruptor de las fuerzas armadas a través de negocios, contratos y proyectos, cosa que sólo ocurre en las peores dictaduras como la de Cuba, Corea del Norte y Venezuela. Cancelar proyectos no rentables y absurdos. Impedir que el presidente López siga gastando de manera discrecional todos los presupuestos derivados del subejercicio deliberado de recursos en la administración pública, lo cual es un acto colosal de desorden, corrupción, opacidad y autoritarismo, y contraparte del desmantelamiento de servicios públicos, del Estado y de sus instituciones.

Es urgente detener y revertir la militarización de la seguridad pública, y reconstituir a la Policía Federal como policía civil de clase mundial, en paralelo al desarrollo de un sistema policial nacional homologado que incluya a las policías estatales y municipales. Dar autonomía a la Auditoría Superior de la Federación, y retomarse el Sistema Nacional Anticorrupción ahora demolido por el régimen. Reformar la Ley de Adquisiciones para evitar que el gobierno otorgue de manera corrupta y opaca cerca del 90% de los contratos por asignación directa y sin licitación. Garantizar la sostenibilidad financiera de las pensiones para adultos mayores a través de un esquema viable de fondeo fiscal, al igual que revisar los programas sociales-clientelares del gobierno, e introducir mecanismos de transparencia, sistematización, evaluación y seguimiento, cancelando aquellos que no tengan impacto metodológicamente discernible sobre la pobreza. Debe recuperarse el esquema integrado, focalizado, eficaz y con rendición de cuentas de Solidaridad – Progresa – Prospera que tuvieron un claro éxito en la reducción de la pobreza extrema, por ingresos y laboral. Recuperar las estancias infantiles, cuya desaparición fue un golpe artero y cruel en contra de las mujeres mexicanas jefas de familia y trabajadoras, al igual que los apoyos a personas con discapacidad. Retomar la calidad y el mérito como principios rectores en el sistema educativo, restituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y establecer un fondo de emergencia para la reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de escuelas. Recobrar la Transición Energética hacia las energías limpias y renovables, y las rondas de licitación en hidrocarburos, junto con el rescate de presupuestos, instituciones y políticas ambientales.

En materia político-electoral, es indispensable eliminar la sobre-representación, el transfuguismo de diputados entre partidos en coalición, lograr la segunda vuelta electoral presidencial, la declinación de candidatos con transferencia automática de votos, y umbrales de porcentajes de votos más alto para los nuevos partidos, entre otros elementos.

El inventario completo de destrucciones del presidente López y de las asignaturas pendientes de gobiernos anteriores es, obviamente, mucho más largo que esto. Debe ser integrado y asumido como una valiosa hoja de ruta para la reconstrucción de nuestro país con miras al 2024.

@g_quadri