Llegamos al quinto y último de los grandes capítulos de la Agenda de sustentabilidad para México: el agua. Esto, después de abordar en entregas anteriores los rubros de Ciudades, Biodiversidad terrestre, Mares y costas y Cambio Climático. El agua adquiere un significado muy especial en virtud de su escasez, de tener usos competitivos en diversas actividades económicas y de ser satisfactor humano esencial (incluso como derecho humano), además de constituir un elemento vital para ecosistemas acuáticos. Es un bien público o recurso común en su estado original, monopolio natural en redes de distribución y bien privado en las tomas de consumidores. Exige una compleja institucionalidad y mecanismos eficaces de regulación.

El derecho humano al agua está consagrado en el Artículo 4° Constitucional, aunque no se ha precisado de manera práctica. Esto debe hacerse en la legislación y en políticas públicas, no en términos de una absurda gratuidad, sino de un servicio público eficiente y de calidad, de integridad ambiental de ecosistemas acuáticos, de viabilidad financiera de los sistemas de agua y de acceso a la información. Recordemos que el agua en México es consumida primordialmente (en 75%) por el riego agrícola, en 12% por los servicios públicos en las ciudades y el resto por industrias y servicios no conectados a redes municipales.

El servicio público de agua está a cargo de organismos operadores municipales (metropolitanos o estatales) de acuerdo al Artículo 115 Constitucional. En México, en general, se presentan grandes deficiencias en cuanto a la calidad del agua, eficiencia física y administrativa y solidez técnica e institucional. Hay honrosas excepciones, como Monterrey, León, Saltillo y Aguascalientes, entre otros (los últimos dos, organismos privados). Esto inhibe cualquier ejercicio real del derecho humano al agua y es consecuencia, en gran parte, de la ausencia de regulación sobre los organismos operadores municipales, que como monopolios naturales debieran estar sujetos a ella. Es fundamental establecer esquemas de regulación sobre los organismos operadores municipales con respecto a gobierno corporativo, rendición de cuentas, calidad y cobertura del servicio (garantizar agua potable 24/7 bebible en el grifo), micromedición y eficiencia física, tratamiento de aguas residuales, autosuficiencia financiera, profesionalización institucional, fomento a alianzas público-privadas, tarifas y eliminación de subsidios generalizados.

Hay graves problemas de impunidad e incumplimiento de normas en descargas de aguas residuales y contaminación, especialmente por parte de gobiernos municipales. Esto debe atenderse transfiriendo las responsabilidades de vigilancia y aplicación de la ley de Conagua a Profepa, para evitar conflictos de interés y captura regulatoria y facilitar una vigilancia ambiental integrada.

Por su parte, debe dotarse de personalidad técnica, administrativa y jurídica a cuerpos de agua y ecosistemas naturales para impedir su degradación, contaminación y destrucción. Así, dentro de Conagua debe crearse una unidad de conservación y manejo ecosistémico de cuerpos de agua (lagos, lagunas, esteros y presas) con las capacidades necesarias y en coordinación con Semarnat. La Secretaría de Marina, a través de la guardia costera, debe vigilar y aplicar la ley en materia de descargas de aguas residuales en el mar.

En el sector agrícola, es preciso terminar con la ineficiencia y sobreexplotación de acuíferos, lo que significa acabar con la gratuidad del recurso y eliminar los subsidios a la electricidad para bombeo de aguas subterráneas. La industria requiere certidumbre jurídica en concesiones y asignaciones, eliminar desincentivos al ahorro y penalizaciones por no utilizar al tope los volúmenes concesionados y bancos de agua y mercados para la comercialización de excedentes e intercambio de aguas tratadas por aguas de primer uso.

Por último, debe desarrollarse un sistema de información público en tiempo real sobre la calidad del agua en ciudades, ríos, lagos y costas; concesiones; disponibilidades, y transacciones, con base en una instrumentación automática moderna.

GabrielQuadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.