Se ve que la guerra comercial entre las distribuidoras de fármacos para venderle al gobierno, está ,ás fuerte que nunca ahora que están a todo vapor las licitaciones para el 2016.

La cosa está que arde. Conforme salen informaciones negativas sobre unas y otras empresas lo único que al final quedará es un desprestigio generalizado para el sector.

Con eso de que las grabaciones ilegales ya son herramienta accesible en este país para quien quiera que busque desacreditar a alguien, pues no fue gran novedad la difusión en Youtube de llamadas telefónicas entre directivos de la industria de distribución farmacéutica.

Escuchando esos audios, se entiende son directivos de empresas poniéndose de acuerdo en negocios, o hablando de sus contrapartes. Lo que no queda claro es que estén organizando algo ilegal. Para que sea corrupción debe haber funcionarios o autoridades involucradas, y en el caso de Savi Distribuciones ello no sucede. El IMSS, de Antonio González Anaya, centrado en conseguir más ahorros, sólo observa lo que pasa con sus proveedores.

Lo que sí sucede es que estando Savi inhabilitada, su nombre es como material radioactivo contaminante, muy útil para atacar a otra empresa.

Se está tratando de embarrar a las principales proveedoras del Gobierno en insumos para la salud: Pentamed, Bionova, Dinsa, Santo Tomás, Alternavida, ILS, Washu Washu, Covaleo, Laboratorios Ultra, Ultrayect, Adentech y BioNovel, e incluso a laboratorios como Grifols y Octapharma de Guadalajara.

No es casualidad que Marzam –recién estrenando nuevos dueños-, apenas hizo ver su intención de entrar con fuerza al mercado de ventas a Gobierno, y ya empezó a ser atacada, acusándola de vínculos con la inhabilitada Savi.

Pero hay que poner en la balanza las cosas para tratar de entenderlas. La situación de Savi aún está por determinarse. Está inhabilitada por el Órgano Interno de Control del IMSS por presentar un documento falsificado en una postura para un medicamento específico. Pero hay muchas dudas en torno a ello porque dicho documento es responsabilidad del laboratorio productor, en este caso Zurich Pharma que se lavó las manos y, por cierto, sigue como si nada vendiéndole al gobierno.

La situación de Savi en realidad será determinada en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa donde se dirimen las denuncias, que dirá si realmente hubo corrupción (dado que no hay autoridad involucrada) y si realmente fue Savi el responsable de falsificar el registro del medicamento Doxorrubicina que detonó todo el lío.

Sobre las conversaciones difundidas, antes de asumirlas como prueba de algo, hay que escucharlas con calma, analizar bien qué demuestran y verificar si un vínculo comercial entre Marzam y Savi apuntan a algo ilegal. La empresa que sí está totalmente vinculada con Savi, es Alianta, formada por los propios dueños de Savi, y da servicios de asesoría comercial y logística, software y tecnología aplicada a empresas privadas de servicios a la salud desde 2013.

La industria de venta de medicamentos es compleja y para operar todas las empresas se entrecruzan cada momento. Entre las proveedoras del Gobierno, cada una obtiene contratos sólo para ciertos productos y para ciertas regiones. Pero si a lo largo del año una institución de salud les pide un producto que no manejan, tienen que conseguirlo con proveedores autorizados. De este modo, las distribuidoras de fármacos todas se abastecen mutuamente y al mismo tiempo que son competencia también son clientes entre ellas. Por ejemplo si se trata de señalar los vínculos de Savi, es increíble pero es algo cierto que entre sus principales proveedores tiene a su acérrimo competidor Fármacos Especializados, de la familia Pérez Fayad.

Así, hay que decir que el mismo Grupo Savi todo este año ha seguido operando con Gobierno y con todos sus contrapartes porque al margen de la licitación cuestionada, ganó muchos otros contratos con Gobierno. Éstos terminarán en diciembre, de modo que su inhabilitación se hará efectiva a partir de enero próximo.

@maribelrcoronel

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