A toda prisa, el tren depredador avanza

Empeñado en imponer un tren cuyo trazo, aún incompleto, se confirma kilómetro a kilómetro como catástrofe en ciernes, el presidente anunció el domingo que inaugurará el tramo de Cancún a Playa del Carmen el 29 de febrero.  Como sus ocurrencias son órdenes para el Ejército que construye ese segmento, es probable que, como en  otros tramos, la prisa favorezca nuevas fallas de construcción que pueden tener graves consecuencias. Según documentó Proceso en noviembre, la participación de las fuerzas armadas en los tramos 5, 6 y 7 ha estado plagada de vicios, desde acoso laboral y abuso sexual contra trabajadores/as hasta pagos incompletos de salarios, y construcción deficiente de la base que sostendría al tren, aunado todo esto a la devastación ambiental de la península, prevista desde el inicio y corroborada por expertos y defensores del territorio.

Lejos de reconocer los daños medioambientales que conlleva esta obra, el presidente insiste en que “van bien” e ignora, entre otros, el accidente sucedido el 10 de febrero cuando colapsó un muro de contención hiriendo a tres trabajadores. A sabiendas de los despojos y daños que ha provocado su capricho neoporfirista, el Ejecutivo se empecina en sostener un proyecto que amenaza al sistema de cuevas, cenotes y ríos subterráneos, segunda fuente de agua dulce del país y esencial para toda la península. La semana pasada, la organización Sélvame del Tren denunció la contaminación de aguas subterráneas por la oxidación de los múltiples pilotes que horadan cuevas y cenotes, y la criminal invasión del subsuelo por un río de cemento. También se ha denunciado la misteriosa desaparición de vestigios arqueológicos. Supervisar las obras desde un helicóptero o desde las pantallas de una presentación oficial, como lo ha hecho el presidente, no preserva sino la ilusión de “hacer historia”, así sea sembrando ruina.

A la vez que, por decreto, este megaproyecto devasta el paisaje, pone en cuestión a las fuerzas armadas en cuanto a su desempeño como contratistas, capataces y constructores deficientes y opacos del “tren miltar”, mina la confianza que todavía tiene en ellas una parte de la población.  Si sólo se tratara de un problema de imagen, quizá quienes por ley están subordinados a su “Jefe máximo” podrían alzarse de hombros. No se trata, sin embargo, sólo de obras hechas al vapor. Además de corrupción y manipulación de la ley, diversos medios y ambientalistas han denunciado graves daños como el que tendrá la construcción de un hotel, caminos y otras obras en la Reserva de la Biósfera de Calakmul,  declarada como Patrimonio Mundial por su riqueza cultural y su biodiversidad. ¿Por qué instalar ahí un hotel, con alberca, además que producirá basura, contaminará el medioambiente y se tragará el agua de la que dependen comunidades agrícolas, la flora y la fauna del lugar? ¿Por qué degradar el entorno que  sostiene una apicultura de excelencia que da ingresos y orgullo a la población local? ¿Por qué se favorece la rapiña del turismo masivo y no el ecoturismo sustentable? ¿Acaso sobrevivirán la población y la naturaleza sin agua?

Lo mismo podemos preguntar acerca de las vías  que atravesarán  Quintana Roo hacia Chetumal.   En vez de aprender del evidente deterioro ecológico de Cancún, donde los huracanes han estrechado las playas y frente a lujosos hoteles se amontonan sacos de arena o capas de sargazo, se favorece la saturación de la zona de Tulum a Chetumal, pasando por la ya deslavada laguna de Bacalar, como si someter a la población al servicio del turismo devorador  – y el dominio creciente del crimen organizado– representara “progreso”. ¿Qué cuentas rendirán las autoridades federales y locales cómplices en la degradación social y ambiental de éste y otros estados?  ¿Acaso confían en una opacidad perpetua?

Si ni la sustentabilidad ni la seguridad humana ni la preservación del patrimonio cultural le importan a este gobierno, la crisis del agua debería movernos a detener esta peligrosa devastación.