2023, ¿año perdido para la privacidad?

En su extraordinario libro The future is faster than you think, Peter Diamandis nos plantea una hoja de ruta sobre cómo el mundo experimentará una transformación tecnológica tan profunda que cambiará por completo los paradigmas actuales de la forma en la que resolvemos problemas, de la forma en la que nos relacionamos e incluso de la forma en la que nos educamos a lo largo de nuestra vida.

En ese sentido es pertinente reflexionar, querido lector, sobre los desafíos que este año deberíamos estar discutiendo en materia de protección y defensa de nuestra privacidad y desde luego de nuestros datos personales. Es claro, como plantean diversos autores como Diamandis, que el advenimiento tecnológico es imparable y por lo tanto debemos resolver los problemas que arroje el mismo en función de las nuevas maneras en las que la privacidad humana se pueda seguir defendiendo como derecho. En ese sentido planteó cuatro temas que, desde mi perspectiva se vuelve torales en el desarrollo e implementación de los nuevos desarrollos de cara a una adecuada protección de la vida privada.

Un primer tema importante tiene que ver con los llamados derechos digitales. Hemos venido viendo en los últimos dos años el surgimiento cada vez más acelerado de cartas de derechos digitales, de mecanismos de protección de derechos que se enuncian como tal, a partir de la relación con la tecnología. Es apremiante que nuestro país tome muy en serio la posibilidad de no sólo enunciarlos como declaraciones de principios sino de transformarlos en marcos legislativos que acompañen al usuario o consumidor de la nueva tecnología en el uso de ésta. El marco jurídico de protección de datos que tenemos en nuestro país ya no es suficiente para proteger a las personas y cada vez más observamos conflictos vinculados a neuro-derechos, derecho al olvido, derecho a la neutralidad de la red o derecho a la educación digital entre otros.

En segundo lugar, me parece relevante mencionar el tema de ciberseguridad. La migración hacia el mundo digital y la adecuada protección de la información está enraizada fundamentalmente en la seguridad que puedan ofrecer los responsables del tratamiento de datos. Sabemos que en el ámbito público el 90% de los organismos no cuenta con las adecuadas políticas de seguridad y que en el ámbito privado cerca de un 70% de las organizaciones adolecen de condiciones seguras para proteger la información. No es gratuito que en el Foro Nacional de Ciberseguridad 2022 se hablara que en México hay cada año 80 millones de ataques cibernéticos y que incluso en términos económicos, los mismos, representan más dinero para los cibercriminales que el narcotráfico. Es imperante que en nuestro país se atienda este asunto como un tema de seguridad nacional, pues de lo contrario las afectaciones en los siguientes años serán muy desafortunadas.

Un tercer tema importante es la conectividad. Mientras el mundo camina de manera muy agresiva hacia la red 5G por todos los beneficios que implica en términos de la rapidez de la difusión de la información, en nuestro país todavía tenemos un grupo importante de lugares que ni siquiera tienen la mínima posibilidad de conexión a internet. La apuesta de este gobierno era terminar el sexenio con más del 90% de conectividad en todo el país, pero los números no son tan alentadores. Los problemas económicos de Altan Redes (empresa encargada de lograr dicho objetivo) han puesto en entredicho la promesa y con ello mantiene a un 30% de la población en el primer nivel de la llamada pobreza digital. Los grandes desarrollos tecnológicos requieren una mejor y mayor conexión a la red y mientras nuestro país no ofrezca condiciones similares el atraso en la implementación de tecnología será cada vez mayor.

Un cuarto tema tiene que ver con procesos electorales y tecnología. Aún y cuando el Tribunal Electoral en nuestro país ha venido elaborando fallos vinculados a el uso de las nuevas tecnologías en los procesos electorales me parece que es necesario que los modelos de comunicación política sean más agresivos en la prevención de la manipulación electoral a partir del uso de las tecnologías de la información. En los siguientes dos años enfrentaremos procesos electorales que estarán guiados ya no por la segmentación, sino por la individualización del mensaje político causando efectos devastadores de polarización. Este año nuestro país debería actualizar dicho modelo para lograr proteger en la medida de lo posible no sólo a los ciudadanos sino a la democracia misma. El uso electoral de las nuevas tecnologías para causar desinformación debería estar hoy ya en la agenda legislativa.

¿Acaso nuestro país está dispuesto a seguir perdiendo tiempo en no desarrollar una agenda digital que cada vez se vuelve más imperante? ¿Será el año 2023, un año perdido?