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El Estado regulador
En general no existió una descalificación de la iniciativa, en realidad el discurso opositor se centró en comentar que era incompleta, algo admitido por el propio Poder Ejecutivo.
La propuesta de una ley que propicie una mayor competencia económica al mismo tiempo que genera beneficio social, difícilmente encontrará una oposición por su contenido aunque no así por su forma, es decir, por los mecanismos y el alcance que contempla para inducir competencia. Como ejemplo están las posiciones políticas adoptadas con respecto.
En general no existió una descalificación de la iniciativa, en realidad el discurso opositor se centró en comentar que era incompleta, algo admitido por el propio Poder Ejecutivo.
Independientemente de lo perfectible que sea la propuesta oficial, es evidente que abrió un debate en donde el gobierno ha indicado el sentido del mismo, y en donde el resto de los agentes políticos y económicos toma posiciones que representan su punto de vista e interés.
En este sentido parece importante hacer un par de reflexiones que en realidad buscan presentar algunos aspectos que deben tomarse en cuenta en el análisis y diseño de la propuesta final.
En primera instancia se encuentra el hecho de que la iniciativa oficial ha hecho explicito, aunque nunca lo reconocerá, que el modelo económico de mercado mexicano ha entrado en crisis no únicamente por haber fallado en la generación de crecimiento económico, sino además por no haber propiciado la competitividad y el bienestar esperado.
Por tanto, el hecho de que se necesite un marco regulatorio más amplio y que dote de mayores facultades a las instituciones encargadas de regular la competencia económica, debe entenderse como la necesidad que se tiene de una creciente intervención del Estado para corregir aquellas distorsiones en las que el mercado ha incurrido.
Lo anterior es una contradicción con la serie de reformas que se implementaron desde los años 80 para sacar al Estado de la economía. La iniciativa indica que se le necesita como regulador, pero la duda aquí versa sobre si el Estado podrá realizar dicha tarea.
Esto conduce al segundo punto: ¿Tiene el gobierno la capacidad para sacar adelante esta iniciativa y para cambiar una estructura de mercado generada tanto por la actividad económica como por el propio marco regulatorio y fiscal, que él mismo diseño en las últimas décadas?
Un ejemplo sencillo lo representan las patentes y las concesiones, las cuales dan un poder de mercado, pero lo cual es necesario para fomentar la investigación e inversión.
El camino de la regulación es necesario pero insuficiente, la distorsión económica refleja un proceso social, que en las últimas tres décadas ha profundizado la falta de competitividad, pero su corrección necesita de un nuevo modelo económico, algo más profundo que la iniciativa planteada.
*José Luis de la Cruz Gallegos es director del Centro de Investigación en Economía y Negocios Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México jldg@itesm.mx