El voto de la Cámara de Representantes para declarar en desacato al procurador general Eric Holder Jr. fue precipitado y desproporcionado. En habitual estira y afloja entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, esta medida debería llevarse a cabo sólo cuando sea necesario reivindicar un interés importante y cuando no puede ser alcanzado un acuerdo entre las necesidades legítimas de ambas ramas. Estas pruebas no se cumplieron a priori de que la Cámara hiciera del señor Holder el primer Procurador General en ser citado por desacato por el pleno de la Cámara.

Esa medida tiene tanto la punzada simbólica como la consecuencia práctica de que la Cámara puede hacer cumplir su orden de comparecencia en un tribunal federal y convencer a un juez para anular el ejercicio del privilegio ejecutivo del Presidente sobre los documentos relativos con la operación de trasiego de armas conocida como Rápido y Furioso.

La ley en esta área tan sensible no está resuelta, en parte, porque los tribunales prefieren adecuadamente las otras dos derivaciones de resolver sus problemas por sí mismos. Incluso ahora, después de la votación de desacato, que sería el mejor camino. El gobierno había expresado cierta disposición para permitir que el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental tuviera acceso a los documentos adicionales. Sería sabio reanudar tales negociaciones.

Nuestros comentarios sobre la sensatez del voto de desacato son independientes de nuestra evaluación de que el Presidente haya invocado el privilegio ejecutivo sobre los documentos citados. La disputa se centra en el material que se generó después de que el Departamento de Justicia enviara una carta al Congreso, en la que se negaba la existencia de una operación que dejaba a las armas caminar desde sus puntos de venta en Estados Unidos a los cárteles mexicanos de la droga. Dos de las 2,500 armas de fuego aparecieron en la escena del asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza de EU. Éste es un tema legítimo de investigación del Congreso, aunque el representante republicano, Darrell Issa, quien preside el panel, se ha tambaleado de una teoría de la conspiración a otra en busca de un escándalo subyacente mayor.

El Comité tiene derecho a entender cómo fue engañado y por qué se tardó tanto tiempo en corregir el registro. Los documentos que implican a las investigaciones policiales en curso no debe ser publicados. Pero como hemos dicho anteriormente, la administración está sobre terreno quebradizo al resistirse a proveer materiales relacionados con sus argumentos para corregir el registro defectuoso.

El gobierno afirma que ha expresado su voluntad de permitir el acceso a los documentos y de facilitar reuniones informativas adicionales; esto merecía una mayor exploración antes de la rápida votación de desacato de la Cámara.

El tinte partidista de la disputa fue acentuado por la decisión de la Asociación Nacional del Rifle de calificar la votación como parte de su cuenta de bona fides legislativos de la Segunda Enmienda. Hasta este punto, la lucha no tiene nada que ver con la política de armas de fuego.

En un caso de 1977, el Tribunal Federal de Apelaciones aconsejó que en estos casos cada rama debe tomar conocimiento de un mandato constitucional implícito con el fin de encontrar una reconciliación óptima a través de una evaluación realista de las necesidades de los ramos en conflicto en la situación particular de hechos . Esto puede sonar curioso, incluso ingenuo, en el venenoso contexto de la investigación de Rápido y Furioso y la atmósfera partidista en general. Sin embargo, es un buen consejo.