Las ciudades de Tucson y Flagstaff se convirtieron en las primeras dos comunidades de Arizona que interpondrán demandas legales contra la controversial ley antiinmigrante promulgada en esta entidad el pasado 23 de abril.

En sesiones separadas la noche del martes, los cabildos de ambas ciudades votaron a favor de demandar al estado para que se revoque la ley que obliga a la policía local a verificar el estatus migratorio de sospechosos razonables de estar en forma indocumentada en el país.

El cabildo de Tucson, la segunda ciudad más importante de Arizona, aprobó la decisión de interponer la demanda con cinco votos a favor y uno en contra.

El alcalde de Tucson, Bob Walkup, señalo que la ley está basada en una equivocada visión de que los inmigrantes indocumentados son malos para la calidad de vida y la economía del área.

Francamente no creo que eso sea verdad , dijo Walkup y añadió que una buena parte de la economía de Tucson se derivaba de los turistas mexicanos que acuden a realizar sus compras o de vacaciones .

El cabildo se pronunció a favor de la demanda al considerar también que aplicar la nueva ley antiinmigrante tendría un costo excesivo para el presupuesto de la policía local.

La regidora Regina Romero dijo que la nueva ley es mala para la economía, podría exponer a la ciudad a demandas y es además anticonstitucional al promover el perfil racial.

En tanto en Flagstaff, al norte de la entidad, el cabildo de esa comunidad votó en forma unánime en favor de demandar al estado por la nueva ley antiinmigrante.

El cabildo aprobó una resolución que señala que la ley antiinmigrante constituye para esa ciudad un mandato sin recursos para aplicar responsabilidades del gobierno federal .

En tanto, e alcalde de Phoenix, Phil Gordon, buscó la aprobación del cabildo de la capital estatal, para interponer también una demanda por la nueva ley, pero la junta municipal rechazó dicha acción.

Gordon ha dicho ahora que buscará interponer la demanda a título personal junto con otros alcaldes de Arizona.

Con su voto a favor de demandar al estado, los cabildos de Tucson y Flagstaff buscan también protegerse de alguna forma del boicot económico que ha comenzado a ser activado contra la entidad.

El alcalde de Portland, Oregón, Sam Adams, dijo a su vez que las principales ciudades de la costa oeste de Estados Unidos, incluyendo Portland, Seattle, San Francisco, Los Angeles y San Diego, están considerando boicotear a Arizona, de no revocar la nueva ley.

Esta semana, el condado y la ciudad de El Paso, Texas, aprobaron impedir a sus empleados realizar viajes de trabajo a Arizona y establecer relaciones comerciales con alguna empresa basada en esa entidad.

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