Bruselas. Estuvo a punto de dejar caer a Merkel. Alzó a la Liga Norte al gobierno en Italia. Dejó en minoría al gobierno belga. Condicionó las relaciones de la Unión Europea (UE) con Turquía, Marruecos o Egipto. Y provocó un enfrentamiento directo entre la Comisión Europea y Hungría, y otro no tan directo entre la Comisión y el Consejo Europeo.

El tema migratorio ha marcado la agenda comunitaria de los últimos cinco años. Pero mientras los acontecimientos se desarrollaban y las muertes se acumulaban en el Mediterráneo, los líderes de la UE han sido incapaces durante este lustro de fijar una política de asilo común y de reformar el Reglamento de Dublín.

Poco después de que la Comisión Juncker tomase posesión, las fronteras europeas eran testigo del mayor tránsito de personas desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil-global en Siria, las revueltas de la Primavera Árabe y el hambre o falta de oportunidades en África empujaban a miles de personas a tomar la vía desesperada de cruzar el Mediterráneo.

Corría el 2015 cuando cerca de un millón de personas tocaban las puertas de una Europa que no se había preparado para responder. La Comisión Europea propuso como medida de emergencia que los Estados se repartiesen a los solicitantes de asilo con base en criterios objetivos de territorio, población e ingreso. La propuesta tenía también el ADN de la canciller Angela Merkel, que vio la oportunidad de relanzar la economía del país y de liderar la unión en una de las mayores crisis del proyecto comunitario.

Pero las cuotas obligatorias fueron un fracaso. Dos años después de su puesta en marcha habían sido reubicadas 29,000 personas de 160,000 en toda la UE. Algunos países como Polonia o Hungría no reasentaron a ninguna persona y junto con Chequia fueron denunciados ante el Tribunal de Justicia de la UE por este incumplimiento.

El reparto obligatorio sentó el caldo de cultivo para los movimientos populistas, que culpaban a los burócratas de Bruselas de imponer la acogida de refugiados. En Hungría, Austria o Italia, la extrema derecha se ha nutrido de esta parálisis para abordar la gestión de la migración y ha sido su combustible para extender sus tentáculos por los parlamentos nacionales de la UE y los propios gobiernos.