Bogotá. Hay más masacres que semanas en Colombia. El domingo último, ocurrió la matanza 60, cuando este año 2020 —que parece viejo desde enero—apenas se asoma a la semana cuarenta.

El parte es similar a los otros 59: hombres con armas largas dispararon y lanzaron una granada. Varían las locaciones —una local de riñas de gallos del municipio Buenos Aires, vaya ironía, en el Cauca, al suroeste del país, en este caso—. Y también varía el saldo: el de este domingo cobró seis vidas. Una de tantas, de un menor de edad.

Se parecen hasta las reacciones: la Defensoría del Pueblo recuerda que desde hace cinco meses, unas 20 semanas, alertó de la creciente violencia; el alcalde de Buenos Aires habla de “barbarie” y el general que comanda la tercera división del Ejército apunta su dedo certero contra una disidencia de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se hacen llamar “Jaime Martínez”.

El 24 de noviembre hará cuatro años de la firma del Acuerdo de Terminación Definitiva del Conflicto entre el gobierno de Santos y las Farc, la más longeva de las guerrillas del mundo occidental. El exmandatario colombiano recibió en ese 2016 el Nobel de la Paz pero su país aún busca esa paz extraviada, tras seis o siete décadas de conflicto interminable, que muta, que cambia de actores y de objetivos pero persiste en la violencia.

Control de territorios

“Hay diferentes razones por las que uno puede decir que se han dado las masacres. Hay una dinámica violenta sobre el control de los territorios, particularmente de aquellos donde quedó un vacío de poder después de la desmovilización de las Farc”, dice Mery Rodríguez, comunicadora, investigadora y pedagoga vinculada al Observatorio para la Paz.

Las Farc eran autoridad en muchos lugares de Colombia donde el Estado “no ha tenido presencia”. Los acuerdos de La Habana –donde transcurrió los diálogos entre el gobierno y las Farc– estipulan mecanismos para que el Estado colombiano se hiciera presente en esos territorios.

“No solo en términos de seguridad con destacamentos policiales y del Ejército, sino seguridad en el acompañamiento del derecho de las personas, mediante programas como el de sustitución de cultivos (de coca) y enfocados en el desarrollo territorial para reemplazar la fuerza que estaba presente con un Estado que imponga la lógica institucional de protección a las personas, que da incentivos para que funcionen cadenas de producción legales y donde las personas tengan acceso a educación, vivienda, salud, etc”.

¿Y eso ocurrió, ocurre, en Colombia? Rodríguez, cuando menos, lo duda. “El gobierno da cifras”, indica Rodríguez.