Madrid. La fiscalía española pidió a un juez de España que mantenga las euroórdenes de arresto internacionales y el resto de medidas cautelares contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y uno de sus colegas en momentos en los que ambos intentan ocupar un escaño en el Parlamento Europeo.

También se solicitó que el juez instructor del procés, Pablo Llarena, pida a la Eurocámara que suspenda la inmunidad de Puigdemont y del exmiembro del gabinete catalán Toni Comín como miembros electos del Parlamento. En un escrito, fechado el pasado 20 de diciembre, los fiscales del caso también piden que se informe al juez belga que debe decidir sobre sus órdenes de detención y entrega para que “deje sin efecto los plazos para la resolución” de las mismas hasta que el Parlamento Europeo decida si les suspende la inmunidad.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoció que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debió gozar de inmunidad como eurodiputado desde que la proclamación de los resultados de las elecciones (13 de junio), la Fiscalía ha expresado su postura en relación con Puigdemont y Comín a petición del juez Llarena, quien reconoció que el fallo podía tener la misma incidencia en los fugados en Bélgica.

Puigdemont y Comín viven en el exilio en Bélgica desde que huyeron de España en el 2017 cuando varios de sus compañeros fueron encarcelados por su papel en un referendo independentista vedado. España ha pedido su arresto, pero ellos lo han apelado.

Los dos son buscados en España por su participación en el intento de secesión por parte del gobierno catalán y legisladores separatistas. Fueron elegidos al Parlamento Europeo en mayo como representantes de los partidos separatistas catalanes de España.

Cambio de escenario beneficia a Puigdemont

El viernes, el máximo tribunal de la Unión Europea revocó una decisión que impedía a Puigdemont y Comín tomar sus escaños en el Parlamento Europeo. Sin embargo, no está claro si finalmente se les permitirá tomarlos.

El alcance de la inmunidad es más amplio si el eurodiputado está fuera de su país, pues, según el protocolo que lo regula, no podría ser detenido. “La inmunidad no puede convertirse, en ningún caso, en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional”, sentenció la Fiscalía.