En una de sus decisiones migratorias más importantes, la administración Trump dijo que dará por terminados los permisos de residencia provisionales de unos 200,000 salvadoreños que han vivido en el país desde el 2001, dejándolos potencialmente en peligro de deportación.

La administración dijo que dará a los salvadoreños hasta el 9 de septiembre del 2019 para que abandonen el país o busquen una vía alternativa de regularización, según un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional. A los salvadoreños se les otorgó lo que se conoce como Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), como parte de la respuesta humanitaria del gobierno federal estadounidense a los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero que ese año azotaron al país centroamericano y sus permisos se han renovado por 18 meses desde entonces.

El anuncio fue consistente con el objetivo declarado de la Casa Blanca de reducir la inmigración legal a Estados Unidos y de intensificar los esfuerzos para expulsar a quienes llegaron ilegalmente. Desde un inicio de su campaña por la Presidencia, a principios de junio del 2015, Trump amenazó con deportar a todos los indocumentados que viven en el país y con cancelar todo tipo de programa que les conceda beneficios de permanencia, entre ellos el TPS y DACA. También aseguró que expulsaría a los 11 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses, y para ello contaría con una poderosa fuerza nacional de deportaciones.

Pero el Departamento de Seguridad Nacional justifica la decisión de cancelación del TPS en que “ya no existen las condiciones originales causadas” por los devastadores terremotos del 2001 en El Salvador.

preocupación

Por su parte, Cesar Ríos, del Instituto Salvadoreño del Migrante, dijo en conferencia de prensa que El Salvador no está preparado para recibir a miles de salvadoreños. “Una deportación masiva estaría dando un duro golpe a la economía del país, un grave golpe al grupo familiar. Esto provocaría una crisis humanitaria”, agregó.

El gobierno salvadoreño ha puesto en marcha un plan para ayudar a sus compatriotas en Estados Unidos, donde ha contratado abogados y ha formalizado alianzas con organizaciones que defienden los derechos de los migrantes para que asesoren a los salvadoreños a que gestionen la ciudadanía estadounidense.

También se trabaja en un programa de asistencia para quienes no cumplan los requisitos que les permitirían aspirar a un estatus migratorio estable y deban retornar a El Salvador.