A pesar de que México enfrenta perspectivas económicas difíciles y con estimaciones de que la economía nacional desacelere de 2.0% en el 2018 a 1.2% anual en el 2019 y 1.5% en el 2020, Moody’s consideró que los gobiernos estatales y municipales observan un crecimiento estable en transferencias federales, apoyando así su capacidad para enfrentar el menor crecimiento económico.

“Adicionalmente, esperamos que el sólido marco institucional apoye la estabilidad financiera de los estados y municipios”, señaló la agencia en un reporte.

Si bien la calificadora espera que un crecimiento económico más débil en el periodo 2019-2020 se traduzca en menores incrementos de las transferencias federales no etiquetadas (participaciones), reconoció que el aumento anual de estos recursos se mantenga cerca de la mediana histórica y que apoye resultados financieros relativamente estables.

“Entre el 2014 y el 2018, las participaciones tuvieron un crecimiento promedio favorable de 9.5%, correspondiente a un crecimiento del PIB real promedio de 2.6 por ciento. Dadas nuestras estimaciones del PIB para 2019-20, esperamos que las participaciones aumenten en un rango de 6-8 por ciento. Este crecimiento estable apoyará resultados financieros estables de los estados y municipios. No obstante, esperamos que el crecimiento de las participaciones disminuya a medida que la economía se desacelera”, detalló Moody’s.

“El presupuesto federal para el 2019 estima 920,000 millones de pesos en participaciones, un incremento anual de 9% con respecto al 2018. Entre enero y mayo del 2019, las participaciones crecieron 9.9%, en comparación con el mismo periodo en el 2018. En promedio, las participaciones equivalen a 38% de los ingresos totales de los gobiernos locales y regionales mexicanos”, expuso.

Es importante mencionar que estas transferencias están relacionadas con el crecimiento económico al representar una porción del conjunto de impuestos federales y de ingresos petroleros —también conocido como Fondo General de Participaciones— que los estados y municipios pueden utilizar para cualquier fin, como los gastos operativos o de capital.

Asimismo, los gobiernos también se benefician del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el cual cubre las diferencias entre las participaciones presupuestadas y las observadas durante un año fiscal, esto es, hasta 10% en el 2019.

“Una vez publicados los reportes federales trimestrales, el gobierno federal revisa el monto real de las participaciones otorgado a los estados en comparación con el monto presupuestado. Si el monto es menor que el presupuestado, el gobierno federal compensa con el FEIEF la diferencia, al día siguiente. Esto reduce demoras en la recepción de los fondos y limita posibles presiones de liquidez. El fondo de estabilización actualmente cuenta con 91,600 millones de pesos, ofreciendo un colchón sólido en caso de una mayor desaceleración económica”, ahondó la calificadora.

Ajustes en gastos

Los estados y municipios también dependen de transferencias federales etiquetadas, incluidas las aportaciones, la mayoría de las cuales cubren los gastos de salud y educación. Las aportaciones representan alrededor de 36 y 20% de los ingresos totales de los gobiernos locales, respectivamente.

“Estas transferencias son relativamente resistentes a las condiciones económicas; dada su importancia social, es difícil que el gobierno federal las recorte. Incluso en la recesión económica del 2009, estas transferencias siguieron aumentando. Sin embargo, las transferencias etiquetadas para infraestructura y otros programas sociales han estado disminuyendo desde el 2016”, explicó Moody’s.

“Para contrarrestar estos niveles más bajos, los estados y municipios podrían hacer más recortes a los gastos de capital o, en última instancia, emitir nueva deuda para financiar programas y proyectos. En el 2019, los estados y municipios recibirán un total de 736,000 millones por concepto de aportaciones, un ligero incremento con respecto al 2018”, refirió.

“No obstante, el presupuesto federal 2020 será clave y si los esfuerzos de consolidación del gobierno federal limitan el crecimiento de estas transferencias o incluso llevan a una disminución, los gobiernos locales y regionales, y especialmente los estados (que son responsables de la salud y la educación), enfrentarán el importante desafío de conseguir los ingresos necesarios para continuar prestando estos servicios”, indicó.

La agencia añadió que el marco institucional de estados y municipios es sólido y brinda respaldo para la estabilidad financiera.

“En el 2016, se promulgó la Ley de Disciplina Financiera, que introdujo una mayor transparencia para los gobiernos locales y regionales, nuevas normas para emitir deuda, así como techos de deuda y mejores prácticas financieras”, sostuvo.

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