La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), creada en el 2016, ha provocado que la deuda de los gobiernos estatales disminuya; de hecho, este indicador presenta tres caídas al hilo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los financiamientos y obligaciones de las entidades federativas y sus entes públicos (sólo Tlaxcala no muestra deuda) ascendió a 535,463 millones de pesos al cierre de septiembre del 2019, monto que significó un descenso, en términos reales (descontando la inflación), de 2.3 por ciento.

Esta variación negativa se suma a las registradas en mismos periodos del 2018 (-1.1%) y el 2017 (-0.8 por ciento).

en la LDFEFM, especialistas y funcionarios del actual gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, coinciden en que se tiene que revisar y, si es posible, mejorar —en especial las garantías de pago y las formas para adquirir financiamientos—, pues tiene como fin establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades y municipios del país, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas.

Es decir, el objetivo de este marco regulatorio es evitar que el nivel de endeudamiento aumente, frenando las prácticas que los gobiernos locales tenían anteriormente al contratar deuda sin control.

La ley de disciplina financiera tiene al Sistema de Alertas para clasificar el endeudamiento de todos los entes públicos locales, que ostentan financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único de la SHCP (sostenible, en observación y elevado), a través de tres indicadores: largo plazo, costo financiero y corto plazo.

La clasificación determina el techo de financiamiento neto al cual podrían acceder los estados: en endeudamiento sostenible, a un adicional máximo equivalente a 15% de sus Ingresos de Libre Disposición; en observación, a 5%, y en elevado, no podrá contratar obligaciones. Al cierre del tercer trimestre del 2019, ninguna entidad se ubicó en elevado.

Debido a reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicadas el 30 de enero del 2018, su aplicación total en los presupuestos locales, en relación con el acceso del techo de endeudamiento y prevista para el año pasado, comenzó en este ejercicio fiscal.

Referente

Para Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, la disminución de la deuda pública de los gobiernos estatales radica en la ley de disciplina financiera, “porque en la administración pasada el nivel de deuda de algunos estados del país creció significativamente”.

“Ante tal situación se busca regular el uso de ese financiamiento en el gasto público de las entidades, focalizándolo sólo en proyectos que puedan brindar un beneficio tangible a futuro”, indicó.

“Adicionalmente, hasta el año pasado, las tasas de interés habían mantenido una trayectoria al alza, lo cual encarecía el costo de los créditos haciendo más complicado el pago de los préstamos”, señaló.

Por su parte, Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que la ley de disciplina financiera ha sido un referente importante, debido a que “muchos estados aumentaron de manera alarmante en años pasados su deuda”.

“Esta ley sienta un precedente de vigilancia en el actuar de la deuda, mediante el Sistema de Alertas. También nos permite ver la extensión de la deuda, así como la sostenibilidad y destino de la misma, lo cual da una mejor revisión, cuidado y dirección de los financiamientos y las obligaciones”, refirió.

Diferentes estrategias

Al cierre del tercer trimestre del 2019, Querétaro fue el estado con el menor monto de deuda estatal al ostentar sólo 394 millones de pesos, mientras que la Ciudad de México y Nuevo León son las entidades con la mayor carga financiera, con saldos de 78,085 millones y 71,549 millones, respectivamente.

En relación con la deuda de igual periodo del 2018, se observa que únicamente ocho entidades mostraron crecimientos anuales de su deuda pública a septiembre, destacando Tamaulipas con una tasa de 24.5 por ciento.

Las disminuciones anuales más pronunciadas se dieron en Guerrero (37.9%), Querétaro (29.9%), Baja California (22.5%), Guanajuato (17.8%), Baja California Sur (16.9%) y Michoacán (15.7 por ciento).

El director del CIEN del Tecnológico de Monterrey aseguró que el incremento observado en Tamaulipas obedece a la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo en dicha región, “debido a que cuenta con una actividad comercial importante, particularmente con el paso de mercancías hacia Estados Unidos, de tal forma que recuperar la seguridad en ese estado es una de sus prioridades y en donde la gran mayoría de los recursos está siendo utilizado”.

“En cuanto a las caídas más pronunciadas, todas las entidades, con excepción de Guerrero, habían mantenido un ritmo de crecimiento económico sostenido, durante el año pasado, por lo que no han recurrido al financiamiento al contar con los recursos necesarios para realizar sus proyectos sin la necesidad de recurrir al endeudamiento”, aseveró.

“Sin embargo, si el ritmo de crecimiento de su actividad económica se ve mermada, muy probablemente se observe un incremento en el nivel de su financiamiento con deuda en los próximos periodos”, destacó Héctor Magaña.

Iniciativa

En los primeros días de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se presentará una iniciativa para reformar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a fin de mejorar la gestión financiera y planeación fiscal de los gobiernos subnacionales.

Esta iniciativa se analizará tanto en el Congreso como con los gobernadores estatales y los presidentes municipales.

La dependencia aclaró que la idea es establecer mecanismos que permitan que las entidades puedan contratar deuda de manera responsable con la banca de desarrollo y que, al mismo tiempo, tengan la capacidad y las herramientas para poder ejecutar de manera eficiente el gasto con el que van a financiar dicha obligación.

Ley de disciplina financiera

Esta ley nació en abril del 2016 en la administración de Enrique Peña Nieto y tuvo modificaciones en el 2018.

Tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y a los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Finanzas sanas

Sólo cuatro en semáforo amarillo

Al tercer trimestre del 2019, los únicos en semáforo amarillo (endeudamiento en observación) fueron Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo; es decir, de los cuatro estados en esta situación, tres pertenecen a la frontera norte.

En relación con los resultados del 2016, cuando se implementó el Sistema de Alertas, las entidades que pasaron de amarillo a verde (endeudamiento sostenible) fueron Baja California, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

Resalta que Coahuila pasó de rojo (endeudamiento elevado) a amarillo. Los estados que se mantuvieron, en dicho periodo, en semáforo amarillo, fueron Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo.

El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición (ILD).

La Ley de Disciplina Financiera establece tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: (1) Deuda Pública y Obligaciones sobre ILD, (2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre ILD y (3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre ingresos totales.

De acuerdo al resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento se clasifica en tres niveles: Endeudamiento Sostenible; Endeudamiento en Observación, y Endeudamiento Elevado.

Con lo anterior, se determina el techo de financiamiento neto al cual podrá acceder el próximo ejercicio fiscal. Si el ente se ubica en sostenible, como máximo podrá incurrir en un endeudamiento adicional equivalente a 15% de sus ILD; si se clasifica en observación, el límite de endeudamiento será de 5% sobre dichos ingresos, y si se posiciona en elevado no podrá contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas (el nivel final de financiamiento deberá ser el aprobado por el Congreso local).

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