Monterrey, NL. En reconocimiento de que la prevención, la sanción de los feminicidios, y el combate a la impunidad son fundamentales para garantizarle a las mujeres y niñas una vida libre de violencia, el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey, mediante la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lanzó la iniciativa “Ni Un Feminicidio Más”. 

“Esta iniciativa es única en el mundo y posiciona al estado de Nuevo León como pionero en el combate integral de los feminicidios en México”, indicó el Consulado en un comunicado.

Se espera que, al término del proyecto, el modelo y las lecciones aprendidas puedan ser replicadas en otros lugares donde exista alta incidencia de feminicidios, tanto en México como en el mundo.

Al inaugurar el proyecto, el cónsul General William H. Duncan comentó: “Hoy, hemos dado un paso firme hacia la seguridad y la justicia para las mujeres en Nuevo León”. 

Consideró que este esfuerzo se podrá lograr con el apoyo de una gran red de personas que trabajan desde diferentes esferas: desde el gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, la academia, entre otras.

Explicó que “Ni Un Feminicidio Más” es un proyecto con duración de cuatro años en el que las organizaciones proveerán asistencia técnica y acompañamiento a las principales instituciones del sistema de seguridad, atención a víctimas y de justicia en el estado.

El proyecto tendrá la colaboración de los municipios de Monterrey, Guadalupe y Escobedo, con la intención de que las instituciones del sistema de seguridad mejoren sus capacidades para prevenir feminicidios, así como para investigar y sancionarlos de forma efectiva y con perspectiva de género.

Además será apoyado por las organizaciones Fundación IDEA, Equis Justicia para las Mujeres y Fortis Consultores, el cual tiene un enfoque colaborativo.

Por lo que se trabajará de la mano con cuatro instituciones para diseñar e implementar intervenciones útiles y sostenibles de las policías municipales de Monterrey, Guadalupe y Escobedo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado), la Fiscalía General de Justicia del estado, los Centros de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos (Copavide) y el Poder Judicial del estado.

Asimismo, con el objetivo de garantizar la integralidad del programa, se trabajará con la sociedad civil, el sector privado y las instituciones de salud locales.