El diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Ernesto Sánchez Rodríguez, propuso sanciones económicas más severas contra Verificentros corruptos, recorridos junto con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y revocar la concesión en caso de ser omisos a la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016.

Asimismo, consideró que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe intensificar sus operativos contra Verificentros para seguir identificando aquellos que aún operan fuera de dicha norma y alteran los protocolos.

Advirtió que las recientes multas impuestas a 18 establecimientos ubicados entre la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala son apenas la punta del iceberg de la corrupción y omisiones que imperan entre los propietarios y autoridades ambientales .

Estamos proponiendo una sanción económica más alta contra los dueños de los Verificentros corruptos de la ciudad y esas sumas integrarlas al Fondo de Movilidad capitalino para mejorar el transporte público, la señalización y crear mayores alternativas para las personas con capacidades especiales , agregó.

Destacó que el Grupo Parlamentario del Pan en la ALDF apoya la legalidad y que resulta injusto que mientras algunos se adaptaron al marco ambiental del gobierno federal, otros tantos tengan como prioridad desobedecer la ley y buscar el cobijo de funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente.

Para Sánchez Rodríguez es urgente acabar con lo que denominó una caja chica para funcionarios de la Sedema, dependencia que administra y controla la operación de los Verificentros, y ante ello, insistió en su propuesta de recorrer estos establecimientos junto con la titular Tanya Müller García, a fin de revisar los estándares de función para medir las emisiones contaminantes en los vehículos.

Recordó que en el 2016, la Profepa implementó multas por más de 50 millones de pesos a Verificentros de la Megalópolis, de los cuales 15 están ubicados en la capital, que en conjunto tuvieron una sanción por casi 21 millones en total.

No es suficiente, la Profepa y la Sedema deben revocar o reducir la vigencia de la concesión; es decir, cerrar definitivamente estos lugares , expuso el legislador Sánchez Rodríguez

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