Menos trabas y más recursos: El clamor de la radio indígena y afromexicana por la consulta de CRT

Las comunidades y colectivos civiles interesados en ganar una concesión de radio social, indígena o afromexicana piden financiamiento, acompañamiento legal y técnico; pero otros interesados con más arrojo también pidieron una flexibilización de requisitos para operar estaciones así.

Este es el primer saldo de la consulta pública lanzada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) al mercado para conocer el sentir de los interesados en extender una radio con función social y que por tanto, sus concesiones son de asignación directa luego de análisis de la propia autoridad sobre distintos proyectos candidatos a obtener una frecuencia de este tipo.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene la intención de hacer más eficiente la asignación de espectro para la radiodifusión sonora de este corte y es un pilar importante de su agenda regulatoria tras su conformación como nuevo regulador sectorial, aun cuando el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue quien primero marcó el paso al entregar docenas de concesiones de radio indígena y social, y la primera afromexicana también.

A la fecha, habría en México al menos 254 concesiones de espectro entregadas para radio social, indígena y afromexicana, aunque no todas estaría al aire ahora mismo por escollos técnicos y económicos.

A la consulta sobre los lineamientos para otorgar nuevas concesiones de radio social comunitaria, indígena y afromexicana llegaron 14 interesados, en los veinte días hábiles que duró este proceso, y la petición principal de los colectivos fue la disponibilidad de recursos gubernamentales para mantenerlas al aire, aun cuando un peticionario, quizá, en un lapsus, dijo que es más asertivo entregar una concesión a una persona física que a una organización comunitaria, en momentos en que casi un centenar de estaciones de radio social de todo el país está en riesgo de perder su concesión porque la edad de sus concesionarios que son personas físicas hacen más sencillo que se pierda el título de concesión por como fue escrito el nuevo marco legal.

“Sería pertinente complementar estos lineamientos con apoyos concretos, como asesoría técnica o acompañamiento, que permitan a las comunidades cumplir con los requisitos sin enfrentar barreras económicas. En general, se trata de una buena iniciativa; no obstante, aún requiere ajustes para que sea verdaderamente accesible y viable en la práctica, superando las barreras que actualmente dificultan su implementación”, dijo uno de los participantes en la consulta pública de la CRT.

“Otro punto, es la creación de un fideicomiso público, sectorizado a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esto con el fin de financiar a los miembros de las comunidades, que busquen ofrecer algún servicio de telecomunicaciones y radiodifusión. Es necesaria esta financiación, debido a que las comunidades en cuestión, se encuentran en situaciones vulnerables, además de que dichos proyectos son sin fines de lucro con propósitos culturales, científicos, educativos por y para su comunidad”, contó un interesado más.

En un informe con argumentación más sensata y detallada, la organización Observacom valoró como muy positivo la actitud de la CRT para abrir un canal de diálogo que termine en el fortalecimiento de la radio social en el país.

Observacom dijo a la autoridad que sus planes para asignar espectro de radio indígena y social tienen todavía un margen de mejora, sobre todo en libertad de expresión, pues si el Estado financia a este tipo de conceptos radiofónicos, podría comprometerse la agenda de la estación.

“Desde Observacom valoramos positivamente el proceso de diálogo iniciado por la CRT desde noviembre de 2025 y reconocemos los avances del proyecto actual respecto del marco regulatorio anterior (…) Consideramos que existen áreas críticas donde el proyecto puede fortalecerse sustancialmente para cumplir mejor con los estándares interamericanos de libertad de expresión y con los propios objetivos de inclusión, participación y pluralidad que la CRT se ha propuesto”, dijo.

Esta consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ocurre en un contexto sectorial en que la industria de la radio comercial y la radio social ya establecida demandan a la autoridad la definición primero de los lineamientos que establecerán los parámetros para que los segundos puedan vender tiempo aire para beneficio de su sostenibilidad, sin que ello signifique una vulneración a la concurrencia y competencia del mercado radiofónico, con efectos en los intereses de los concesionarios comerciales, que deben acreditar pagos anuales por la explotación de su frecuencia radioeléctrica y cuando el Estado ya reservó además un tramo de la banda de FM para emisoras con espíritu no lucrativo.

De hecho, en distintas ciudades del país, la radio social no ha esperado a los lineamientos de la CRT en la materia y ha comenzado a vender spots desde los 150 pesos por 20 segundos de tiempo aire, y argumentando para ello a sus potenciales clientes que su programación hace parte de cadenas nacionales de radio y que éstas además llegan a un universo amplio de radioescuchas, cuando sus cifras publicadas en sus propios sitios web no son consistentes con los resultados de los análisis de las firmas de rating, un indicativo de que la CRT tiene en la radio social una tarea, como también el combate a la radio pirata, antes que pensar en entregar más títulos para radio social. De hecho, combatir la radio pirata también es apoyar a la radiodifusión.

En el año 2023, el IFT señalaba como resultados históricos el combate a la radio pirata con cerca de un centenar de aseguramientos cada año. Actualmente no se ha difundido información de los resultados de la CRT en este rubro para conocer el nivel de trabajo de la nueva autoridad en el combate a la piratería.

La radio social, la radio indígena y la radio afromexicana tienen distintos niveles de audiencia a lo largo de la República Mexicana.

Un informe de la casa de mediciones en medios electrónicos INRA facilitados a El Economista sobre cinco de los 22 mercados relevantes del país cuentan que el combinado de la radio social ya detenta el 1% del share en algunas plazas.

En Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana y la CDMX, la radio social comenzó a oírse, a pesar de que en la capital Violeta 106.1 salió del aire por problemas internos y en contra sentido, una sola estación de radio social, Vida Nueva 101.9, ya tiene el 0.80% del share mensual en esa plaza.

En Mérida, Vida Nueva acumula 8,742 oyentes alcanzados por mes, frente a 2,824 de La Voz 98.1. En Guadalajara, la radio del ITESO se hace con 2,205 escuchas que oyen la estación por al menos 30 minutos. En Monterrey, la radio TEC Sounds es escuchada en el mercado por 21,191 personas alcanzadas. Por el contrario, la audiencia no recordó el nombre de Radio Tierra y Libertad y mientras, Radio UDEM es escuchada por 12,950 personas.

Y en Tijuana, “La #1”, la primera radio social que morirá en enero de 2027 por resolución de la CRT, tiene 0.115 puntos de rating.

Los datos de estos distintos conceptos de radio social pintan una radiografía para la CRT sobre el comportamiento en el mercado de este tipo de asignaciones y que desde una perspectiva, entre las que ya tienen audiencia y las que no tanto, sería más necesario que la autoridad defina pronto los lineamientos sobre pauta que abonen a la sostenibilidad de las radio sociales que ya están al aire.