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Inician audiencias por caso de Las Malvinas
El Gobierno argentino comenzó este martes con la defensa de su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales que frenen el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno argentino comenzó este martes con la defensa de su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas provisionales que frenen el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte.
El Ejecutivo había presentado su solicitud el 13 de octubre, cuando invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las audiencias se extenderán hasta el miércoles. Se trata de la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada a la soberanía sobre las Islas Malvinas. “Argentina reitera aquí, hoy, ante ustedes, su ofrecimiento de larga data al Reino Unido de reanudar las negociaciones con miras a resolver todos los aspectos de la disputa”, dijo el asesor legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, al término del primer día de la argumentación argentina ante el TIDM, al que Buenos Aires pide medidas cautelares para frenar el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en 2027 frente a la costa de las islas.
Argentina “invita al Reino Unido a cumplir con su obligación de no adoptar medidas que hagan más difícil o imposible la solución de la controversia, a abstenerse de cualquier acto que pueda poner en riesgo u obstaculizar el logro de un acuerdo definitivo, y a desplegar todos los esfuerzos necesarios para concertar arreglos provisionales de carácter práctico en tanto se logra dicha solución”, añadió Oyarzábal.
El país centró su presentación en las consecuencias que podría tener el avance de la actividad petrolera británica en las aguas próximas a las islas.
En ese sentido, Oyarzábal explicó que la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene un objetivo concreto: impedir que la explotación de los recursos naturales de la zona produzca cambios irreversibles antes de que se resuelva la controversia entre ambos países. Las empresas prevén iniciar los trabajos en marzo de 2027.