El FRENTE prepara emplazamiento a huelga por disputa de utilidades y contrato colectivo en Peñoles

El Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE presentará un emplazamiento a huelga en contra de la empresa Fresnillo plc, filial de Industrias Peñoles, en la mina La Herradura, ubicada en Caborca, Sonora.

Carlos Pavón Campos, secretario general de la organización laboral, informó que el recurso legal se interpondrá durante la próxima semana debido a inconformidades relacionadas con el reparto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Este proceso coincide con una disputa por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en la unidad minera. Pavón Campos señaló que la Confederación de Trabajadores de México, a través de Javier Villarreal, realiza promociones entre la base trabajadora para ingresar a la mina bajo la promesa de obtener incrementos en las utilidades.

El dirigente del FRENTE afirmó que los montos de esta prestación dependen de los resultados financieros del negocio y de la productividad de los empleados, no de las gestiones de las organizaciones gremiales. Asimismo, indicó que existen intereses particulares debido a la operación de maquinaria vinculada a la central opositora dentro de las instalaciones.

Con respecto a las comparaciones con la mina Buenavista del Cobre en Cananea, donde los trabajadores percibieron montos superiores por concepto de utilidades, el secretario general explicó que la diferencia radica en la escala de producción de cada yacimiento. Cananea se ubica como la tercera mina productora de cobre en el ámbito internacional, con una extracción diaria de 1 millón 300,000 toneladas de mineral y una obligación contractual de generar 790,000 toneladas de cobre al año.

Por el contrario, La Herradura es una unidad enfocada en la extracción de oro cuyas dimensiones y volúmenes operativos no guardan equivalencia con el complejo de Grupo México.

Pavón Campos recordó que su organización promovió amparos y una queja ante la Organización Internacional del Trabajo en contra de la reforma laboral de 2021, la cual estableció un límite al reparto de utilidades equivalente a 90 días de salario o al promedio de los últimos tres años.

Ante una eventual demanda de titularidad del contrato o la realización de un recuento por parte de las autoridades competentes, el dirigente manifestó que se sujetará a la decisión final que manifiesten los trabajadores mediante los mecanismos de consulta establecidos en la ley.