Lectura 4:00 min
CCE pacta con SHCP discutir la “letra chica” de Miscelánea Fiscal 2027
Los temas que se tratarán son el aumento a las concesiones ferroviarias y la limitación de deducciones fiscales que se propone.

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Foto EE: Archivo
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordó la instalación de mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a partir de esta semana para ajustar “la letra chica” de la Miscelánea Fiscal 2027 antes de su aprobación final en el Congreso de la Unión.
Luego de que el fin de semana el Consejo Nacional del CCE se reunió con el titular de Hacienda, Édgar Amador, el presidente del sector empresarial, José Medina Mora, informó que los temas que se pondrán sobre la mesa son el aumento a las concesiones ferroviarias y la limitación de deducciones fiscales que se propone a los mayoristas abarroteros, a los distribuidores de automóviles y a las tiendas de autoservicio dentro del paquete fiscal 2027.
La nueva regla establece límites a las deducciones fiscales, medida que, de acuerdo con el dirigente empresarial, busca incorporar al pago de impuestos a empresas que actualmente tienen una baja contribución. Sin embargo, advirtió que podría impactar a mayoristas, tiendas de autoservicio y comercios minoristas.
El punto de mayor fricción reside en el tope a las deducciones fiscales (regla de 97-99% en la Miscelánea Fiscal), donde “aquellas empresas que tienen más de 97% de deducciones solo pueden deducir 97%; las empresas que tienen menos de 97% de deducciones solo pueden deducir 99% de las mismas. Esto es una buena medida para que aquellas empresas que no pagan impuestos los paguen. Pero afecta a otras”, advirtió.
Agregó que la iniciativa busca fiscalizar a compañías con esquemas de cero pago de impuestos, pero perjudica directamente a sectores con márgenes reducidos de ganancia, tales como el comercio al detalle, distribuidores abarroteros mayoristas y distribuidores automotrices.
También se pondrá a discusión la reforma a la Ley Aduanera, pues si bien tiene el objetivo de atacar la subvaluación de mercancía, los requerimientos son difíciles de cumplir.
Tras el encuentro, la cúpula empresarial señaló que, si bien las medidas de contención del déficit fiscal y la desaceleración del endeudamiento otorgan un “colchón” de aproximadamente 18 meses para conservar el grado de inversión de México, aún existen discrepancias técnicas que deben corregirse para no asfixiar la operatividad del sector privado.
El presidente del CCE dijo en entrevista que, a partir de esta semana, se llevarán a cabo las mesas de análisis para definir cómo lograr que aquellos que no pagan impuestos los paguen, sin afectar a las empresas que sí cumplen y que simplemente tienen bajo margen.
“Son de los detalles que todavía estaremos trabajando para lograr lo que necesitamos como país: mantener el grado de inversión e impulsar la inversión para que vuelva a haber crecimiento”, dijo.
El dirigente empresarial consideró positivo que se plantee una reducción de gastos del gobierno, que era parte del compromiso de que no todo fuera tener nuevos ingresos, sino que también hubiera disminución de gastos. “Esa parte la vemos también como positiva y necesaria justo para mantener este grado de inversión”.
El CCE estimó que el presupuesto actual da un margen de 18 meses de liquidez y certidumbre. No obstante, subrayó la urgencia de concretar cambios estructurales a mediano y largo plazo en materia de gasto público, además de atender pasivos contingentes en las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) y en el sistema de pensiones.
Pese a los ajustes presupuestales, el organismo reportó que durante la Mexico Investment Week en Nueva York prevaleció una visión favorable de los inversionistas extranjeros.
Destacaron la certidumbre jurídica tras la implementación de la reforma al Poder Judicial y el destrabe de 37 proyectos de inversión por un valor aproximado de 3,750 millones de dólares mediante mecanismos de facilitación administrativa, señaló Medina Mora.
La iniciativa busca fiscalizar a compañías con esquemas de cero pago de impuestos, pero perjudica directamente a sectores con márgenes reducidos de ganancia, tales como el comercio al detalle, distribuidores abarroteros mayoristas y distribuidores automotrices.

