El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones revocó por mayoría una suspensión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que otorgó el juez Juan Pablo Gómez Fierro en marzo.

Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados determinaron echar atrás la medida cautelar otorgada a la empresa Parque Solar Orejana contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Orador.

Los magistrados Eugenio Reyes Contreras y Gildardo Galinzoga Esparza votaron por revocar esta suspensión definitiva, mientras el voto en contra de la magistrada Rosa Elena González Tirado.

Los magistrados argumentaron que la nueva legislación "no afecta por ahora a los productores privados", porque estableció un transitorio de 180 días para ajustar todas las normas del sector, lo que todavía no ocurre.

Esta decisión coincide con la emitida el pasado 1 de julio por el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, el cual también revocó una de la suspensiones definitivas de esta ley.

Según el Consejo de la Judicatura, dicho tribunal consideró que la suspensión no es autoaplicativa, lo que significa que su simple entrada en vigor no causa un perjurio contra los participantes del mercado.

La Ley de la Industria Eléctrica, promulgada el 9 de marzo, continuará suspendida hasta que los tribunales resuelvan todas las suspensiones otorgadas por los dos juzgados de competencia económica, cuyos titulares son Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Los jueces Primero y Segundo de Distrito Especializados en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión consideraron que el decreto que reforma esta Ley, incumple los compromisos de México a nivel internacional en materia ambiental debido a la eliminación de los “Certificados de Energía Limpia" (CEL).

La nueva Ley de la Industria Eléctrica fue promulgada luego de su aprobación en el Senado y suspendida hasta las sentencias de amparo de varias decenas de juicios. La reforma a la Ley se busca que sea legal ponderar el despacho de hidroeléctricas y plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); además de que se permite que todos los generadores antiguos renovables emitan certificados de energía limpia; se elimina la obligación de la CFE de comprar energía mediante subastas de largo plazo para venta de renovables y se autoriza la revisión y cancelación de permisos de generación si éstos tienen indicios de corrupción. 

Según expertos, la inconstitucionalidad de esta reforma se refleja en que el Artículo 1 de la Carta Magna dice que sus ordenamientos se aplican para todas las personas, incluyendo empresas y extranjeros, sin discriminación, mientras los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica hacen distinciones para el despacho de energía basados en quién es el generador.  

En tanto, el Artículo 14 constitucional habla de la seguridad jurídica, ya que nadie puede ser privado de derechos adquiridos si no es a través de un juicio, mientras que los cambios plantean la posibilidad de revisar y revocar permisos de autoabasto si se encuentra que son corruptos. El Artículo 16 de la Constitución se refiere a la legalidad y la competencia de las autoridades para revocar estos permisos.  

Finalmente, el Artículo 386 del Código Penal federal refiere que el fraude es materia penal y lo determinan los juzgados, no la Comisión Regulador de Energía, como se pretende.  

Los contratos de productores independientes de energía firmados entre CFE y privados tienen una cláusula de no inmunidad para los firmantes, con lo que cualquier cambio debe ser de común acuerdo o se desahogará mediante arbitraje, según la reglamentación de la Cámara de Comercio.

La implementación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica tendrá un costo adicional de 60,000 millones de pesos anuales derivado de la compra de combustibles más caros para el suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han coincidido analistas.

Con información de Karol García.

kg