El pleno del Senado de la República aprobó en lo general por 64 votos de Morena, PT y PES, 47 del PAN, PRI, MC y PRD en contra, y seis abstenciones la minuta que reforma la Ley de Hidrocarburos y le da más control al Estado sobre las importaciones de combustibles, abriendo la puerta a que Petróleos Mexicanos recupere participación en este mercado.

En lo particular, tras desecharse todas las propuestas de modificación presentadas, en su mayoría, por la oposición, el decreto fue aprobado en lo particular por 62 votos, 45 en contra y cuatro abstenciones y remitido al Ejecutivo federal para su eventual promulgación y posterior vigencia.

Al fundamentar el dictamen, Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía, explicó que de acuerdo con las cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la última década el robo y contrabando de combustibles tuvo un incremento sustancial.

“Esa práctica representa una grave afectación para el erario y una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos, ya que con esta problemática ha ido en crecimiento, a la par, la liberación de la importación de hidrocarburos y petrolíferos’’.

“El negocio ilícito de contrabando de combustible es del tamaño y afecta a grandes escalas a la nación, que el SAT reporta para el primer trimestre del 2021 una disminución de 23,000 millones de pesos de recaudación de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicio (IEPS) en comparación al mismo período en el 2020.

Además, el mercado ilícito de petrolíferos creció durante las pasadas administraciones y llevó a que las pérdidas, durante los años 2016, 2017 y 2018, alcanzaran 147,000 millones de pesos’’, detalló.

Por el PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas explicó, al presentar un voto particular, que la enmienda se construyó sobre la base de la confusión y el desconocimiento.

“La confusión entre defender la soberanía nacional e impulsar prácticas monopólicas para beneficiar a las empresas productivas del Estado y el desconocimiento de la jerarquía normativa que pretende introducir en el orden legal disposiciones contrarias a las que establece el texto constitucional’’.

“La confusión entre garantizar la seguridad energética y obstaculizar la competitividad del sector, creando barreras de acceso para los particulares, y el desconocimiento del régimen constitucional que organiza la participación de las empresas públicas y privadas en las actividades relacionadas con el sector de los hidrocarburos. La confusión entre combatir frontalmente la corrupción y abrirle espacios a la arbitrariedad en la legislación y el desconocimiento de los compromisos adquiridos por México en diversos tratados internacionales, de integración económica, asociación estratégica y protección mutua de inversiones’’.

Los cambios, aseguró, habrán de desalentar la inversión en el sector energético al promover las prácticas monopólicas, inhibirán la competencia y reducirán los espacios para las empresas privadas que deseen concurrir libremente en actividades que no están reservadas en exclusiva a la participación estatal.

Por el PAN, Julen Rementería del Puerto, coordinador de la bancada albiazul, aseguró que los cambios convertirán a la ley vigente “en un instrumento confiscatorio y por supuesto, también en un instrumento expropiatorio. “Me parece que ante lo que estamos, así lo tengo que decir, es ante la instauración de un régimen de discrecionalidad…’’

Para Indira Kempis Martínez (MC), la enmienda a la Ley de Hidrocarburos es inconstitucional, violenta tratados internacionales y genera incertidumbre en tiempos de pandemia.

“Consideramos que lo que puede suceder es el mismo caso de lo que ya pasó con la Ley de la Industria Eléctrica, lluvia de amparos, acción de inconstitucionalidad, inconformidad, que lo único que está haciendo es trasladar mayor trabajo a nuestro poder Judicial’’.

En defensa de la reforma, Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, puso énfasis en que la enmienda tiene como propósito combatir el mercado ilícito de combustibles y en que, contrario a lo que asegura la oposición, no viola la Constitución ni instrumentos como el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Mayor control estatal en combustibles

• Se modifican los artículos 51, 53, 56, 57, 59 y 86 que establecen que los permisos para la importación de combustibles estén sujetos a que se demuestre que se cuenta con el almacenamiento de cinco días en gasolina y diésel y 1.5 días en turbosina, pudiendo satisfacer 50% de este volumen arrendando otras terminales. 

• En la iniciativa resalta que se estableció como un sexto transitorio que a la entrada en vigor de la misma se revocarán los permisos sobre los que se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o infringen disposiciones. 

• En lugar del silencio administrativo que es considerado una afirmativa de hecho en el otorgamiento de un permiso si se retrasa, ahora se considere la negativa ficta. Con ello, el plazo para resolver algún permiso es el mismo para la autoridad que, si no resuelve, se entenderá que lo ha desechado. 

• Quienes reincidan en conductas ilegales serán sujetos a la revocación de su permiso si representan un peligro para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, considerado según el Artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional. 

rolando.ramos@eleconomista.mx