La defensa legal de los que se consideren afectados por las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, tanto en la reforma aprobada este jueves en el Senado y lista para su promulgación que permitirá cancelar permisos al gobierno federal, como la que elimina el 13 transitorio referente a la asimetría para Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá mayor complejidad y subjetividad que la que se hizo ante el poder judicial en materia eléctrica, pero ambas cuentan con elementos suficientes para argumentar violaciones a derechos ya sea tras publicarse o al primer acto de autoridad.

Así lo consideró el abogado de Hogan Lovells, Mauricio Fuchs, quien consideró que cualquier implicado, ya sea que cuente con un permiso o tenga intenciones de invertir, podrá argumentar que se violentan sus derechos una vez que sea publicado el texto final de estas modificaciones.

“Los cambios pueden llevar a reducciones en la oferta de productos, a demandas sin control y a distorsiones en los precios al llevar este control en el otorgamiento de permisos y obligar a Pemex a realizar actividades que no siempre serán rentables”, dijo el especialista de Hogan Lovells a El Economista. 

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