La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria de Perú (Sunat) ordenó la incautación de cerca de 200 millones de soles (62 millones de dólares) contra ocho empresas brasileñas en el país, todas, según investigaciones, envueltas en el Lava-Jato. La información proviene del sitio de periodismo de investigación peruano "Ojo Público".

Tan sólo a Odebrecht le fueron confiscados 46 millones de dólares. La confiscación incluye cuentas bancarias, bienes raíces, vehículos y cuentas de terceros y empleados de estas empresas en el país. El embargo también afecta a las empresas Queiroz Galvão y de la OAS, según el sitio web del diario español "El País".

De acuerdo con Ojo Público, un área de cuatro mil hectáreas de una rama de Odebrecht fue expropiada en Olmos en el norte de Perú. Lo mismo debería suceder con un edificio de siete plantas en las que la compañía opera desde su sede en el distrito de San Isidro de Lima. El edificio está a nombre de un fondo fiduciario de la sucursal de un banco.

La acción fue tomada aunque ninguna de las empresas ha sido condenada aún por la justicia peruana, y las empresas pueden apelar. En una declaración a "Ojo Público", Odebrecht Perú reiteró su "compromiso y la cooperación con la investigación en curso" y dijo que sigue con medidas para "prevenir, identificar y remediar cualquier acto inapropiado en una relación ética y adecuada entre el sector público y el privado".

El gobierno y los fiscales peruanos están aumentando su presencia en Lava-Jato. Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en Perú en sobornos para facilitar su participación en grandes proyectos de infraestructura entre el 2005 y 2014, un período que incluye los gobiernos de los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Toledo es objeto de una orden de búsqueda y captura por la denuncia internacional de haber recibido 20 millones de dólares de la empresa brasileña para la construcción de la carretera Interoceánica.

Odebrecht inició sus operaciones en Perú en 1979 y posee 27 empresas en el país 19 de origen peruano y ocho filiales de la empresa brasileña. Estas cifra fueron presentadas por el diario "El Comercio" en su edición del sábado pasado. La investigación se realizó en colaboración con la Sunat. Esas empresas actuaron en al menos 52 obras públicas, afirma la publicación. Todas serán investigadas por la Comisión Lava-Jato recién creada en el Congreso.

Alan García testificó en el caso el jueves? Ollanta Humala declaró el viernes. Humala fue interrogado sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación del Gasoducto del Sur Peruano. Según la denuncia de un testigo protegido, la licitación del proyecto fue concedida después de un encuentro entre Nadine Heredia, la esposa de Humala, y Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú. Ambos son investigados por los delitos colusión y negociación incompatible.

El Ministerio Público dio a Odebrecht, el viernes pasado, siete días para que entregue la información sobre la obra.

"No pertenezco al club de presidentes o refugiados que van a vivir en el extranjero", dijo Humala, en referencia a Toledo, que está fuera del país, aunque hay orden de detención contra él.

Humala niega cualquier implicación en la corrupción. García dijo a la prensa: "No me pongan en la banda de los ex presidentes."

Otros testigos citados a declarar son Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, y el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.