Desde que inició el proceso de discusión de la reforma en materia de subcontratación, en noviembre de 2020, las empresas arrancaron con la regularización de sus trabajadores al sumarlos de manera directa a sus plantillas laborales y desde entonces 300,000 empleados han dejado de estar subcontratados, en insourcing y outsourcing.

En entrevista con El Economista, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, habló de la importancia de la aprobación de la reforma sobre outsourcing, pues “es un paso fundamental para la dignificación del trabajo”, y afirmó que “ya aún sin ser aprobada la reforma, a partir de noviembre que se firmó el primer compromiso con el sector empresarial de iniciar la regularización, ya se han regularizado 300,000 trabajadores; es decir, han sido reconocidos por sus empleadores en sus nóminas, pero no sólo eso, sino que se ha incrementado el salario con el cual los han registrado”.

La titular del Trabajo expuso que en el caso del insourcing -contratación entre la misma empresa, pero con otra razón social- se registró un incremento en el salario de los trabajadores con más del 15%; mientras que en el caso de outsourcing el incremento al salario ha sido del 38%, según los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); “creo que estos son datos que permiten o ponen en evidencia, lo que significa esta reforma para los trabajadores y las trabajadoras”. Alcalde Luján expuso que “tenemos confianza en que el Senado de la República va a discutir y en su caso aprobar esta legislación y con ello protegeremos los derechos de millones de trabajadores, no sólo en materia de salario de reparto de utilidades, sino del del verdadero reconocimiento de su antigüedad, de su estabilidad en el empleo, de sus derechos de vivienda y de seguridad social, de derecho a la pensión, ser inscritos con el verdadero salario que perciben, entonces es una buena noticia”.

Cabe destacar que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma diversos ordenamientos en materia de subcontratación laboral y lo remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Dicho dictamen prevé, en el segundo transitorio, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dé a conocer el reglamento para el registro de empresas que tienen interés en prestar el servicio de subcontratación bajo las nuevas reglas, es decir, como un servicio especializado.

STPS, garante del cumplimiento de la reforma

En ese sentido, la secretaria de Trabajo comentó que con esta legislación “hay un marco jurídico que permite realmente poner orden en materia de subcontratación, homologa los conceptos y disposiciones en las diferentes leyes, no únicamente atiende la parte laboral o la Ley Federal del Trabajo; si no también a legislación fiscal y de seguridad social que permite que no haya recovecos o huecos para que pueda colarse la simulación, y deja claro conceptos como prohibir la subcontratación de personal, no permitir la transferencia de personal para que las empresas puedan evadir sus responsabilidades como verdaderos empleadores”.

Expuso que se regula muy bien lo que sí se puede subcontratar; a través de la prestación de servicios especializados u obras especializadas. “Esto da la garantía a través de un padrón público y transparente a cargo de la Secretaría de Trabajo, que va a ser garante de que estas empresas cumplan frente a sus trabajadores, frente a sus obligaciones y a sus relaciones laborales”.

Y en la parte que corresponde, también tendrán que cumplir frente a la hacienda pública, “considero así que gracias a un trabajo que se realizó a través del diálogo, de llegar a un acuerdo liderado por el presidente López Obrador, para construir consensos con el sector empresarial y el sector obrero, es que vamos a poder contar, una vez que lo apruebe el Senado, con estas disposiciones que atienden una deuda histórica, porque es un tema que debió frenarse hace muchos años, ya cuando este fenómeno empezó a hacer tan corrosivo y tan evidente sus afectaciones”.

pilar.martinez@eleconomista.mx