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“No es sólo cerrar una oficina”
López Obrador busca concentrar las funciones de algunos organismos autónomos en las Secretarías de Gobierno, específicamente del INAI en la Secretaría de la Función Pública, a través de una reforma administrativa.
Una reforma constitucional para desaparecer a los organismos autónomos va más allá de sólo cerrar una oficina, implicaría cambiar leyes, reglamentos, además de una amplia planeación organizacional al interior de las secretarías de Estado, señaló Fernando Nieto Morales, experto en política y organización administrativa del Colegio de México.
Lo anterior, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteara concentrar las funciones de algunos organismos autónomos en las Secretarías de Gobierno, específicamente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Secretaría de la Función Pública, a través de una reforma administrativa.
El también académico explicó que dichas modificaciones son posibles, pero ello implicaría una redefinición profunda de leyes y regulaciones que se han construido por al menos 20 años.
“Se podría hacer, implicaría una reforma constitucional, tendríamos que cambiar fundamentalmente todo el régimen de transparencia y protección de datos personales del país, lo cual no sólo implicaría una reforma al Artículo 6° de la constitución, sino a todas las leyes que se derivan de esto, pero lo que está planteando el Presidente es echar por tierra una trayectoria de construcción institucional de dos décadas”, subrayó.
Adelantó que dar nuevas atribuciones a la SFP también implican alterar el marco de la Ley general de transparencia y acceso a la información, a las leyes generales de protección de datos personales, y la ley orgánica de la administración Pública Federal.
Además de que necesitaría modificarse la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema de fiscalización, tanto en términos técnicos como cambios jurídicos.
“No es tan fácil cómo el Presidente lo quiere hacer ver de simplemente cerrar una oficina y mandarla a la SFP”.
Nieto Morales también cuestionó los cambios organizacionales que generaría la propuesta, pues advirtió que el mandatario no ha esclarecido cómo se van a resolver las tareas de vigilancia que hace el INE.
En tanto, añadió que sí es posible que se le otorguen facultades a la SFP en temas de protección de datos y transparencia; sin embargo, advirtió que ello implicaría que el gobierno se convierta en juez y parte
“Porque entonces una Secretaría de Estado, subordinada al Presidente, sería la que ordenaría a otras secretarías a que entreguen información y estaría velando por garantizar dos derechos de los ciudadanos. Entonces los mexicanos estaríamos sometidos a la buena voluntad del gobierno para solicitar información”.
