El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular reformas a la Ley de Hidrocarburos, con las que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador persigue recuperar el control estatal del sector energético y favorecer a la gigante Pemex, pero que genera incertidumbre entre inversionistas.

Tras un largo debate, el partido de Morena y sus aliados avalaron los cambios a la Ley de Hidrocarburos pese a la inconformidad de la oposición.

Con 63 votos a favor, 45 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó los artículos reservados del dictamen de la Ley de Hidrocarburos que será turnada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.

La nueva ley establece que la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender permisos de todo tipo relacionados con crudo y gas ante un "peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional".

Esta legislación deja a discreción de la autoridad definir los criterios para determinar esas amenazas, lo que analistas y abogados han calificado como uno de los puntos más delicados de la reforma para los actuales permisionarios.

Además, establece que la autoridad se hará cargo de la administración y operación de permisos suspendidos para dar continuidad a las actividades, lo que incluye la ocupación temporal de instalaciones, que podrían ser manejadas y controladas por una empresa estatal, en este caso Petróleos Mexicanos (Pemex).

También dispone que se podrán revocar permisos que no cumplan con la capacidad de almacenamiento establecida por las autoridades o que incumplan con cualquier disposición de la Ley de Hidrocarburos, además de se deberá demostrar que se cuenta con capacidad de almacenamiento para obtener un permiso.

"Es una amenaza en contra de la certeza legal de la operación de toda esa infraestructura que está operando", dijo a Reuters esta semana Rosanety Barrios, analista del sector energético y quien formó parte del equipo a cargo de elaborar el marco legal tras la profunda reforma energética del 2013-14.

Expertos han comentado que la nueva ley podría tener repercusiones para empresas multinacionales con operaciones en México, como Shell, BP, Exxon y Total, que entraron en el mercado de combustibles del país tras la reforma, de la que el presidente en un duro crítico.

México tiene vigentes más de 23,600 permisos, de los que más de 13,200 son para estaciones de servicio, pero también contemplan almacenamiento, transporte, comercialización y distribución, entre otros, de acuerdo a datos de la CRE.

"Más o menos entre 30 y 40% de las estaciones de servicio operan ya con marcas distintas a Pemex y estos comercializadores pudieran quedarse sin suministrador. Eso es terriblemente grave", dijo Barrios.

Según analistas, en la práctica los cambios en la Ley de Hidrocarburos, creada tras la reforma energética, fortalecen a Pemex, pues es la empresa dominante del sector y es la única con la capacidad de almacenamiento suficiente de petrolíferos para cumplir las nuevas reglas del juego.

López Obrador, quien considera a la reforma energética como un intento del capital privado y extranjero para tomar el control del clave sector energético, ha prometido recuperar para las empresas estatales, Pemex, y la Comisión Federarl de Electricidad (CFE), el terreno perdido con la reforma.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dijo la semana pasada que la entonces iniciativa de ley, envida por López Obrador al Congreso en marzo, afecta negativamente al sector.

kg