La reforma que buscaba combatir la filtración del crimen

El presidente Enrique Peña Nieto propuso al Congreso de la Unión, desde el 2 de diciembre del 2014, reformar la Constitución para establecer la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones de los municipios cuando éstos se encuentren infiltrados por el crimen organizado.

Las modificaciones a cinco artículos de la Carta Magna (21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123) planteadas por el titular del Ejecutivo federal pretenden atender la exigencia constante de seguridad pública en México, a través del mando único policial, entre otros aspectos.

“A lo largo de las últimas décadas la responsabilidad de atender esta problemática ha recaído cada vez más en los municipios y se ha alejado de la Federación y los estados, lo que ha resultado en una disparidad y una falta de coordinación que ha imposibilitado al Estado mexicano en su conjunto cumplir con la función esencial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

“Replantear este modelo es una necesidad impostergable. México requiere una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases mismas sobre las que está construida. Una reforma superficial seria insuficiente e irresponsable.

“En este sentido, la iniciativa de reforma constitucional que someto a su consideración establece un nuevo sistema policial que permitirá que las familias mexicanas salgan de sus casas con la tranquilidad que los policías más cercanos a ellas son personas profesionales, confiables y cuyo principal interés es garantizar su seguridad”, cita la exposición de motivos de la iniciativa presidencial enviada a la Cámara de Senadores, cuyos integrantes aprobaron con modificaciones desde el 17 de junio del 2016 y turnaron a la Cámara de Diputados, donde la minuta está atorada desde entonces.

El planteamiento presidencial original preveía la necesidad de especificar que si el fiscal general de la República advertía indicios para considerar la infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios municipales, debía comunicarlo al titular de la Secretaría de Gobernación para, en su caso, solicitar la aprobación del Senado para que la Federación pudiera asumir temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipio.

Los senadores se limitaron a establecer que será la ley general en la materia la que fije los criterios de coordinación para la actuación de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, misma que habrá de prever “los casos de excepción en que las instituciones policiales de las entidades federativas actuarán bajo el mando de las federales y en que las municipales lo harán bajo el mando de las estatales o federales, a fin de asegurar la eficacia de la función policial y los fines de la seguridad pública”.

El Artículo 21 constitucional vigente y que el presidente de México propuso modificar al Poder Legislativo desde hace tres años ordena que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.