Tras semanas de cabildeo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y líderes del sector empresarial acordaron delinear de manera conjunta la iniciativa para regular la subcontratación de personal en México, por lo cual, se postergaría hasta febrero de 2021 la discusión sobre el tema en el Congreso de la Unión.

Con este acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador da marcha atrás a su iniciativa de ley impulsada el 12 de noviembre que buscaba modificar y armoniza la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal, para eliminar por completo la figura del outsourcing.

Además de impulsar la regulación de tres figuras; la subcontratación de personal, servicios y obras especializadas, además de agencias de colocación, bajo el argumento de evitar que las empresas burlen a la ley.

La iniciativa despertó rechazó en sector empresarial, que de inmediato exigió un proceso de consultas y de intercambio de opiniones entre las distintas dependencias del gobierno federal para que la iniciativa presidencial regulara, más no eliminara el outsourcing laboral. Por ello, al firmar un acuerdo tripartito este miércoles, el mandatario mexicano y representantes del sector empresarial –con algunas excepciones– y obrero, acordaron realizará un proceso de consulta en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso y así presentar una nueva iniciativa preferente para regular el outsourcing y reparto de utilidades.

El documento pactado incluye cuatro puntos, entre los cuales se señala que tanto el gobierno Federal como la IP están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal, al tiempo que las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal.

Asimismo, se expresó que debido a que el esquema de reparto de utilidades, en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo, en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido, ni socialmente debatido, será necesario más tiempo para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago.

Por lo anterior, se iniciará un proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa. “Las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso. Por ello, se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa, que se señalará como preferente, para que, en un plazo no mayor a 30 días, pueda discutirse y, en su caso, aprobarse”, añade el acuerdo.

En tanto, se llamó a las empresas que manejan nóminas para que, de inmediato, dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja masivamente en diciembre.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano afirmó: “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Hemos decidido que se inicie un proceso para llegar pronto a un acuerdo sobre estos dos temas, subcontratación y reparto de utilidades, escuchándonos todos y poniendo por delante siempre el interés general”.

Sobre el tema, López Obrador argumentó que la iniciativa de reforma presentada ante el Poder Legislativo sobre subcontratación no incluye el tema de reparto de utilidades, por lo que se convino abordarlo y, al mismo tiempo, mantener el cumplimiento al mandato constitucional en torno a dicha prestación. En representación de las trabajadoras y los trabajadores, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, destacó la coincidencia del sector obrero en la firma del acuerdo.

“Hoy hago un llamado al sector empresarial para que, de la misma forma que nos hemos entendido durante tantos años, lo hagamos esta vez también. No todas las empresas tienen outsourcing, pero algunas lo tienen y, la verdad, han abusado de él”, dijo.

Mientras que, en representación de la mayor parte del sector empresarial –pues no estuvieron en el acuerdo cámaras como la Coparmex, la Canacintra o el Consejo Nacional Agropecuario–, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, celebró la firma del acuerdo y la disposición del presidente por resolver los asuntos a través del diálogo.

maritza.perez@eleconomista.mx